EscucharEl asesinato del guarda Miguel Rodríguez Carballo, de 50 años, se convirtió en el primer caso resuelto en Costa Rica, únicamente, con pruebas técnicas. Más de cinco décadas después, el expediente sigue siendo un hito en la historia del OIJ y de la justicia nacional.
La noche del 25 de febrero de 1973 parecía una más en la arrocera Los Cipreses, ubicada en La Valencia de Heredia. Don Miguel cumplía con su rutina habitual como guarda, recorriendo las instalaciones y verificando que todo permaneciera en orden.
Miguel Campos lo conoció y compartió con él en ese trabajo.
“Aquello fue una tragedia muy grande para su familia y sus compañeros. La verdad, a uno algo así jamás se le olvida, aunque pasaran ya tantos años. Yo estaba muy joven y recuerdo que sentí mucho miedo”, relató el compañero.
Su jornada el día del asesinato transcurría con normalidad.
A las 8:15 p. m. realizó una de sus marcas de control, como exigía el protocolo de vigilancia. La siguiente debía registrarla a las 8:45 p. m., pero esa marca nunca apareció.
Ese detalle, aparentemente rutinario, fue una de las primeras piezas para reconstruir lo ocurrido aquella noche.
“Cuando lo encontraron, ya estaba fallecido, muy cerca de la entrada principal de la arrocera”, dijo Miguel Campos.
El guarda fue víctima de un violento crimen: recibió balazos en la cara, el cuello y la pierna derecha.
“Nadie entendía quién le quería hacer daño a una persona buena y trabajadora como él, no tenía problemas de delincuencia ni con nadie, era noble y amable”, recordó.
Lo que parecía un asalto común terminaría convirtiéndose en uno de los casos más importantes de la historia judicial costarricense, el cual fue llamado el crimen de la arrocera.
La escena del crimen
Las primeras hipótesis de la Policía apuntaban a que varios hombres habían ingresado a las oficinas de la empresa con intención de cometer un robo.
Los atacantes revisaron gavetas, forzaron puertas y utilizaron varillas de construcción para violentar accesos e intentar abrir una caja fuerte.
Sin embargo, en algún momento fueron sorprendidos por el guarda.
Se produjo entonces un intercambio de disparos.
El guarda murió durante el enfrentamiento y los sospechosos escaparon rápidamente del sitio en un vehículo.
La huida fue tan acelerada que un testigo, sorprendido por la velocidad con la que abandonaban el lugar, alcanzó a anotar la placa del automóvil al pensar que podían accidentarse; así data en los medios de aquella época.
Ese dato sería una de varias pistas importantes para esa investigación.
“Aquí fue muy devastador porque todos queríamos saber quiénes eran las personas sospechosas, fue un daño muy terrible el que hicieron y para su familia era demasiado el dolor”, dijo.
Durante horas, los investigadores inspeccionaron minuciosamente la escena; trataron de buscar algo contundente que los llevara a los asesinos.
Los oficiales hallaron manchas de sangre en una pared de zinc, una lona con la que aparentemente intentaron cubrir el cuerpo y varios proyectiles esparcidos en el lugar.
Las pericias iniciales determinaron que los atacantes utilizaron armas calibre .38.
Además, apareció otro detalle fundamental: un proyectil calibre .22 pertenecía al arma del propio guarda, la cual desapareció tras el crimen.
Todo apuntaba a que los responsables se habían llevado la pistola luego del homicidio.
Un caso que parecía condenado al olvido
En 1973, la investigación estaba en manos de la antigua Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), lo que es en la actualidad el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Aunque contaba con detectives experimentados, la DIC carecía de recursos científicos, especialización técnica y estructura forense sólida.
En aquella época, las investigaciones criminales dependían principalmente de testimonios, confesiones y seguimientos policiales tradicionales. Lo que los de la vieja escuela llamaban armar el rompecabezas.
Hubo algunos sospechosos detenidos y pistas preliminares, pero el caso no avanzó de manera concluyente.
El homicidio comenzó a enfriarse.
Todo indicaba que la muerte de Miguel Rodríguez Carballo pasaría a la lista de expedientes sin resolver.
Pero al mismo tiempo Costa Rica se preparaba para una transformación histórica.
El nacimiento del OIJ
En julio de 1974 inició operaciones el Organismo de Investigación Judicial.
Su creación respondió a una necesidad urgente: profesionalizar la investigación criminal en el país.
La iniciativa fue impulsada por el magistrado Stanley Vallejo Leitón, considerado uno de los grandes arquitectos de la policía judicial costarricense.
Vallejo había identificado profundas deficiencias en el modelo investigativo nacional y defendía la creación de una policía científica moderna, similar a las existentes en otros países.
Para ello, varios funcionarios fueron enviados a capacitarse en Venezuela, entonces referente regional en criminalística.
Entre ellos estaban Rafael Ángel Brenes Valenciano y Enrique Retana Arias.
Ambos investigadores, --el primero de ellos ya fallecido--, serían fundamentales en el caso de la arrocera.
Junto con el perito dactiloscopista Juan Antonio Rescia Chinchilla, asumieron el viejo expediente años después.
Lo que encontraron los llevaría a escribir historia.
La pista surgió en la Penitenciaría Central
La clave del caso apareció en el lugar menos esperado: la cárcel.
Brenes y Retana acudían frecuentemente a la Penitenciaría Central para investigar homicidios ocurridos dentro del centro penal.
Durante una de esas visitas, un privado de libertad se acercó a Retana con información confidencial. Así lo contó él mismo a La Teja en el año 2015.
Sabían quién había matado al guarda de la arrocera.
El nombre señalado era de apellido Ramírez, alias Sandino o “El Nica Manuel”, un delincuente conocido y temido en el ambiente criminal.
Según la información, Sandino había participado directamente en el asalto y asesinato.
Los oficiales enfrentaban un gran problema: no existían registros localizables de sus huellas dactilares.
Sin ellas, vincularlo técnicamente al caso parecía complicado, imposible.
El valor de las huellas
Con autorización judicial, Brenes y Retana lograron acceder a archivos de la antigua DIC y recuperar las huellas levantadas originalmente en la escena del crimen.
Posteriormente, solicitaron el traslado de Sandino para tomarle nuevas impresiones dactilares.
La comparación quedó en manos de Juan Antonio Rescia.
El análisis arrojó un resultado contundente: 18 coincidencias características entre las huellas halladas en la arrocera y las tomadas al sospechoso.
Para la ciencia forense, aquello era prácticamente irrefutable.
La evidencia colocaba a Sandino dentro de las oficinas donde ocurrió el homicidio.
Pero todavía faltaba una segunda prueba.
La balística terminó de cerrar el caso
Tiempo antes, Sandino había sido detenido por otro homicidio: el asesinato de Pablo Madrigal Rojas, ocurrido en Alajuela el 14 de julio de 1973.
Durante esa captura se le decomisó un arma.
Los investigadores del OIJ solicitaron análisis balísticos comparativos.
La conclusión fue determinante.
El arma decomisada coincidía con evidencia relacionada con el crimen de la arrocera y además se estableció conexión con la pistola calibre .22 robada al guarda Rodríguez Carballo tras su asesinato.
Ya no se trataba solo de huellas.
Existían dos pruebas técnicas independientes apuntando hacia el mismo hombre. En ese momento, sin testigos, sin confesión, solo la evidencia científica.
Un juicio sin precedentes
El 17 de agosto de 1976 comenzó un juicio inédito por la falta de recursos de la época.
Por primera vez, un proceso penal descansaba prácticamente por completo sobre pruebas técnicas: huellas digitales y análisis balísticos.
No había testigos oculares.
No existían grabaciones, cámaras de seguridad ni pruebas de ADN.
La acusación dependía exclusivamente del trabajo técnico y científico del nuevo OIJ.
El juicio se inició ante el Tribunal Superior Segundo Penal.
Participaron los jueces José Alberto Mazariegos García, Édgar Amador y Carlos Luis Redondo Gutiérrez.
La defensa estuvo a cargo del abogado Luis Fernando Moya Mata.
Durante el debate, el perito Juan Antonio Rescia explicó detalladamente cómo las huellas localizadas en escritorios y otras superficies de la arrocera coincidían con las impresiones tomadas a Sandino.
La defensa intentó cuestionar la validez de la prueba.
Incluso, el juicio fue suspendido temporalmente para ampliar investigaciones complementarias.
No obstante, la evidencia resistió todos los cuestionamientos.
El proceso se reanudó días después.
La condena histórica
Finalmente, el 31 de agosto de 1976, a la 1:45 p. m., el tribunal emitió su resolución.
Ramírez, alias Sandino, fue condenado a 20 años de prisión como autor responsable del homicidio de Miguel Ángel Rodríguez Carballo.
Los jueces concluyeron que se trató de un homicidio calificado, al determinar que el guarda fue asesinado para facilitar y ocultar el robo que se ejecutaba dentro de la arrocera cuando sorprendió a los delincuentes.
La sentencia fue considerada histórica.
Nunca antes en Costa Rica se había condenado a una persona por homicidio basándose exclusivamente en evidencia técnica, sin testigos presenciales.
Balística y huellas digitales bastaron para resolver el caso.
“Fue una gran sorpresa que resolvieran el caso porque siempre estuvimos con la tristeza de que no iba a tener justicia ese compañero, pero al final sí, y eso fue algo que dio mucha paz, porque en aquellos tiempos la gente sintió miedo de que otra vez se dieran más asaltos en la arrocera y alrededores”, dijo don Miguel.
Mucho más que resolver un homicidio
El caso de la arrocera no solo cerró un expediente complejo.
También legitimó el modelo científico del recién nacido OIJ.
Demostró que la investigación criminal costarricense podía sustentarse sobre evidencia objetiva, análisis pericial y reconstrucción técnica de hechos. Hasta convertirse en una institución referente.
Hoy cuenta con complejos de ciencias forenses, laboratorios de ADN, balística avanzada, odontología forense, análisis digitales, unidades caninas especializadas y modernos sistemas de investigación.
Más de 50 años después, el nombre de Miguel Rodríguez Carballo sigue ligado a uno de los mayores hitos policiales y judiciales de Costa Rica.
No fue solamente el asesinato de un guarda durante un asalto.
Fue el caso que obligó al país a confiar en algo revolucionario para la época: que la ciencia podía hablar en tribunales y resolver crímenes.
