Se ha vuelto común que, ante determinados hechos, sobre todo los que huelen a delito o claramente lo son, ciudadanos graben a los policías y los policías a la gente.

Unos y otros buscan guardar pruebas de un hecho por si las moscas, por si deben acudir después a la justicia.

En algunos videos hemos visto que las personas frente a la cámara --sean oficiales de policía o no-- piden no ser grabadas, pero quien lo hace pasa por alto la solicitud.

¿Se puede o no se puede hacer? Bien, La Teja buscó las respuestas en la ley, sobre todo por algunos casos recientes que hemos visto.

El domingo 3 de mayo una conductora fue detenida en Escazú por irrespetar la restricción sanitaria vehicular. Oficiales de la Policía Municipal de Escazú le iban a hacer la multa y la mujer le ofreció 70 mil colones a uno de los policías para que no la hiciera.

Los oficiales municipales de ese cantón tienen cámaras adheridas a sus chalecos, lo cual permitió grabar todo. A la mujer no solo le hicieron el parte, también fue detenida y ahora la investigan por el delito de penalidad del corruptor (soborno).

El jefe de la Policía Municipal de Escazú, Freddy Guillén, dice que las cámaras no solo respaldan el trabajo de los policías sino que también ponen en evidencia posibles abusos de autoridad.

En las redes sociales se observan con frecuencia videos sobre el actuar de la policía. Por ejemplo, en febrero circuló un video de un policía municipal que en el parque de La Soledad, en San José, golpeó a un adulto mayor porque aparentemente este golpeó a una turista.

Desde que el gobierno ha aplicado medidas sanitarias por el COVID-19, la situación parecen haber crecido los casos de gente que comparten videos de los operativos en las carreteras o los momentos en los que oficiales han sido golpeados, como ocurrió a a principios de abril en La Carpio, en La Uruca, y en el precario Los Huevitos, en Alajuela.

Una prueba

Consultamos al abogado Boris Molina Acevedo si una persona puede grabar a un policía y viceversa, su respuesta rotunda fue sí.

“En principio nadie podría grabar a otra persona sin su consentimiento. Eso significaría un irrespeto a la intimidad de esa persona; sin embargo, frente a la comisión en marcha de un delito o bajo el indicio de que se cometerá, es posible recurrir a ese medio de prueba para lograr demostrar que, en efecto, ese delito se habría cometido”, explicó Molina.

Eso sí, Molina aclara que en la calle los ciudadanos pueden grabar una situación que esté ocurriendo siempre y cuando no afecte la labor policial. Los policías también lo pueden hacer siempre y cuando consideren que es importante para la labor que desarrollan. No se trata de grabar por pasatiempo.

En una propiedad privada es otra historia. Los oficiales, por ejemplo, pueden hacerlo durante un allanamiento solo si un juez lo autoriza; sin embargo, el dueño de una casa sí puede grabar lo que está ocurriendo dentro de su vivienda.

La Sala Constitucional ha sido muy clara en el tema de las grabaciones la calle. No es necesario ser comunicador para sacar una cámara o un celular y grabar.

El último fallo respecto a este tema es de julio del año pasado, cuando la Sala dijo que cualquier persona puede grabar a un policía y ellos (los oficiales) no se lo pueden prohibir. Eso sí, quien está filmando no puede entrometerse en el trabajo del oficial. Debe mantenerse a distancia.

Ese fallo se dio después de que, en medio de protestas contra el Plan Fiscal, un periodista del Semanario Universidad grabó con su celular y un policía lo tiró al suelo para que no lo hiciera.

La abogada penalista Yorleny Clarke asegura que no es un derecho hacer estas grabaciones. Es más bien una posibilidad de demostrar con evidencia, si es necesario, una situación en la que se puedan ver afectados un policía o un ciudadano.

Warner Nájera, asesor legal del Ministerio de Seguridad Pública, dice que para los oficiales es algo común ser grabados en el cumplimiento de su deber.

Sin embargo, en caso que un oficial deba hacer una grabación lo correcto es que se le diga la persona que está siendo grabada.

Nájera asegura que los videos grabados por un oficial podrían ser usados como prueba en un proceso, pero eso quedará al final a criterio del juez.

La ley respalda los videos y las fotos cuando hay mucho interés público en un hecho.

" La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público", detalla el artículo 47 de Código Civil.

Los primeros oficiales en contar con cámaras fueron los tráficos. Tenerlas les ha servido para disminuir la cantidad de agresiones que sufrían.

En este campo podemos recordar la bronca que tuvo el ciclista Andrey Amador en el 2016 cuando le decomisaron la bici por andar en la ruta 27, donde es prohibido andar en cleta.