Un trabajador de la Asamblea Legislativa tuvo que ir a la Sala IV para que le ayudaran a conseguir una silla ergonómica, debido a un problema que tiene en su columna vertebral.
El señor fue operado el 27 de enero del año pasado, en el hospital Calderón, para tratarle una pseudoespondilolistesis L4-L5 grado II, una problema degenerativo de la columna vertebral que causa dolor incapacitante.
“Explicó este trabajador que la pseudoespondilolistesis L4-L5 grado II se considera una discapacidad parcial y según su epicrisis médica, su grado de discapacidad es del 26% al 50%”, cita un comunicado de la Sala Constitucional.
Este funcionario pidió una silla ergonómica a la administración de la Asamblea Legislativa a través de varios correos electrónicos en los que detalló su condición médica y su necesidad de una silla adaptada a sus circunstancias, pero en el Congreso se hicieron los que no era con ellos.
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“La falta de respuesta ha afectado su salud física y emocional, así como su calidad de vida, lo que estima viola su derecho fundamental a la salud.
“La ausencia de la silla ergonómica pedida ha exacerbado el dolor que sufre y ha causado retrocesos en su proceso de recuperación. Ha experimentado episodios diarios de dolor, adormecimiento y molestias físicas diversas, lo que ha resultado en gastos significativos en medicamentos y terapias físicas”, alegó el recurrente.
Esta persona no ha recibido respuesta de la solicitud que planteó hace tiempo y actualmente, se encuentra en proceso de obtener un certificado de discapacidad a través del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), lo que evidencia la gravedad de su condición y la necesidad de apoyo adecuado y siente que se han lesionado derechos fundamentales.
La Sala declaró con lugar el recurso de amparo y esto ordenó.
“Adoptar las acciones pertinentes para que, dentro de los quince días siguientes a la comunicación de esta resolución, se provea al amparado de una silla médica según lo indicado en el certificado médico de fecha 8 de noviembre del 2023″.