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La Audiencia Nacional de España declaró nulo el miércoles un sindicato de trabajadoras del sexo alegando que el reconocimiento de la asociación sería algo así como dar visto bueno al proxenetismo.
El fallo coincidió con la opinión de los dos grupos de mujeres que presentaron una demanda contra la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, argumentaron que la sindicalización implicaría dar reconocimiento legal al proxenetismo, una actividad tipificada en el Código Penal español.
El gobierno socialista de España, que defiende una agenda feminista y la erradicación de la prostitución, admitió en agosto que aprobó el registro oficial de OTRAS como sindicado por error.
Pero tres semanas más tarde, tras las vacaciones estivales (cuando la temperatura sube mucho), el gobierno tuvo conocimiento del asunto e inició los trámites para anularlo.
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“Me hicieron un gol por el ángulo y eso cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que tiene entre manos es muy duro”, dijo entonces la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que aseguró haberse llevado uno de los disgustos “más gordos” de su vida.
La prostitución no está regulada en España. No hay sanción para quienes ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero por voluntad propia, siempre y cuando no se encuentren en espacios públicos. La legislación vigente se centra más en combatir la trata de personas.
