El Congreso uruguayo aprobó una ley que garantiza los derechos y, además, otorga algunos beneficios a las personas travestis, transexuales y transgénero.

Según la nueva legislación, las personas trans tendrán derecho a operarse para adecuar su identidad sexual y el Estado se hará cargo del costo de esas cirugías. Lo mismo ocurrirá con los tratamientos hormonales que necesiten.

El proyecto, que ya había sido votado en el Senado de ese país, se transformó en ley al ser sancionado por la Cámara de Diputados, gracias a los 62 votos a favor de los 88 legisladores presentes en el recinto la noche del jueves. La iniciativa recibió la aprobación de la oficialista del Frente Amplio, coalición de izquierda, y de buena parte de la oposición.

Además, el 1% de los nuevos cargos públicos se destinarán a personas trans durante los próximos 15 años y se le dará acceso a este colectivo a cursos de capacitación laboral.

Entre sus fundamentos, la nueva ley señala que hay evidencia que corrobora “que el colectivo de personas trans”, de 940 integrantes según datos oficiales de ese país, ha sufrido una discriminación histórica que es necesario corregir.

El 60% de la población trans en Uruguay no termina el ciclo educativo básico porque abandona el sistema de enseñanza a una edad promedio de 14 años y el 67% termina ejerciendo la prostitución como salida laboral, dijeron los legisladores oficialistas.

Los trans que hayan sido perseguidos durante la dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1985, recibirán una pensión de unos 11.000 pesos mensuales (unos 200 mil colones). Varios legisladores de la oposición que apoyaron el proyecto en general, no votaron este artículo.

En un primer momento, el proyecto también permitía que los adolescentes de entre 16 y 18 años se cambiaran de sexo mediante una operación, aun sin tener el consentimiento de sus padres, pero las críticas de la opinión pública y diferencias internas del oficialismo terminaron por borrar ese artículo.