EscucharEl Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular rechazaron la aprobación de la ley sobre estafas informáticas en segundo debate, cuya votación se realizó este jueves 5 de marzo.
A través de la Cámara de Bancos e Instituciones FInancieras de Costa Rica (CBF), las entidades señalaron preocupación por los riesgos de inseguridad jurídica, así como posibles distorsiones en el funcionamiento del sistema financiero.
Los bancos indicaron que están comprometidos con proteger a los usuarios, pero reiteraron que el proyecto de ley 23.908, que ahora es una realidad, presenta debilidades en su diseño, según análisis técnicos.
Asimismo, afirmaron que trasladar de forma automática la responsabilidad hacia las entidades financieras de reponerles el dinero robado a sus clientes, no va a resolver la problemática de las estafas informáticas.
“Estos efectos eventualmente podrían traducirse en mayores costos operativos, mayores provisiones de riesgo y condiciones más restrictivas para el acceso al crédito, con impactos particularmente sensibles para hogares, emprendedores, pymes y empresas”, dijeron.
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Con 14 votos a favor
El proyecto de ley 23.908 sobre las estafas informáticas fue aprobado en segundo debate con 14 votos a favor de los diputados de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.
La iniciativa, presentada por el liberacionista Óscar Izquierdo, busca proteger a los consumidores frente a estafas informáticas, ya que los bancos deberán responder al dinero sustraído de las cuentas de sus clientes.
Sin embargo, las entidades deben realizar una investigación para determinar si el cliente fue víctima de fraude y reponerle el monto robado.
Debido a este proyecto, el Banco Popular, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica renunciaron a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) por un quiebre de confianza.
La ABC señaló, en un principio, que la iniciativa era equilibrada, pero luego cambió de postura, lo que generó la molestia de los bancos salientes.
Ahora este proyecto será remitido al Ejecutivo para que el mandatario Rodrigo Chaves lo firme.
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