EscucharTres bancos públicos de Costa Rica tomaron la decisión de renunciar a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) por un quiebre de confianza.
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Se trata de las entidades Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
La decisión de renunciar a la ABC se generó por las declaraciones que emitió la asociación sobre el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios, que fue aprobado en primer debate por la Comisión Plena III de la Asamblea Legislativa.
La ABC indicó que la propuesta de ley era “equilibrada” y que permitía avanzar hacia un marco normativo equilibrado. Sin embargo, cambió dicha declaración, señalando que había cosas por mejorar, pues no incorporaba todos los criterios técnicos necesarios.
Los bancos públicos indicaron que los análisis técnicos afirmaron que la propuesta de ley “presenta debilidades sustantivas y riesgos significativos para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y la protección efectiva” de los usuarios.
Asimismo, reiteraron que el proyecto puede generar riesgo de que el incremento de los costos sistemáticos se traslade a los usuarios, afectando la inclusión financiera, tarifas, acceso a crédito y sostenibilidad del sistema financiero.
La propuesta, según las entidades, presenta contradicciones serias que generan desequilibrio y es arbitraria; es decir, no se fundamenta en reglas de la ciencia y la técnica. También introduce esquemas de responsabilidad desproporcionados y omite el concepto de culpa grave.
Este medio consultó a la ABC para conocer su postura ante la renuncia del Banco de Costa Rica, Banco Popular y Banco Nacional; sin embargo, aún se está a la espera de la respuesta.
Este medio consultó a la ABC para conocer su postura a la renuncia del Banco de Costa Rica, Banco Popular y Banco Nacional; sin embargo, aún se está a la espera de la respuesta.
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¿De qué trata el proyecto de ley?
El proyecto de ley número 23.908 busca obligar a los bancos y otras entidades financieras a indemnizar a los clientes en caso de estafa.
Esta iniciativa fue impulsada por el jefe de fracción liberacionista, Óscar Izquierdo.
Según la iniciativa, la entidad financiera, donde el cliente perdió su dinero a causa de una estafa, debe investigar y responder por el monto sustraído de forma ilegítima.
“Las entidades financieras, públicas y privadas, deberán proceder a la devolución de los recursos que logró identificar como provenientes de fraudes, siempre que cuente con suficientes elementos de prueba que permitan concluir el carácter ilegítimo de la transacción”, indica la iniciativa.
Ahora esta propuesta, que reforma el artículo 35 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, deberá ser aprobada en segundo debate.
