EscucharEl influyente diario digital El Faro denunció este jueves que el gobierno de Nayib Bukele congeló bienes de sus socios en represalia por sus denuncias sobre presuntos tratos entre el mandatario y pandilleros.
La medida, que afecta una cuenta bancaria y un inmueble, se relaciona con una supuesta deuda de impuestos que el periódico niega, y en cambio vincula con la reciente publicación de un documental que amplió sus denuncias sobre los presuntos tratos de Bukele con criminales.
El presidente, que gobierna con poderes absolutos, rechaza los señalamientos de que pactó con las pandillas a cambio de apoyos para llegar al poder en 2019.
“La dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio”, señaló en un comunicado El Faro, cuyos colaboradores trabajan en el exilio desde hace un año.
Según el diario, una vez más el gobierno responde con represalias a publicaciones sobre “sus pactos mafiosos, su corrupción, su interés en concentrar todo el poder para sí mismo y sus círculos cercanos; y los efectos que esto tiene en la población salvadoreña”.
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El Faro estrenó recientemente un documental que -recordó- detalla supuestos “pactos criminales” de Bukele que se rompieron en 2022 para dar paso a una guerra antipandillas.
Esa ofensiva, que se desarrolla bajo un estado de excepción, condujo a la captura de unas 92.000 personas sin orden judicial y ha motivado denuncias sobre crímenes de lesa humanidad por parte de un grupo de juristas internacionales.
El “objetivo final es silenciarnos”, indicó El Faro, al señalar que el congelamiento de activos se escuda en una medida para garantizar el eventual pago de obligaciones.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dijo en X que esta “persecución” contra el medio, que incluye espionaje, difamación y amenazas de cárcel, “es una prueba más de la deriva autoritaria de El Salvador”.
El proceso fiscal comenzó en 2020 y el gobierno no ha logrado demostrar sus acusaciones sobre evasión y lavado de dinero, sostuvo la publicación, que en 2023 trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica tras 25 años en El Salvador.
La denuncia se produjo un día después de que un gremio de prensa denunciara que El Salvador registró en 2025 la mayor oleada de periodistas exiliados desde el fin de su guerra civil hace tres décadas, debido al temor a ser detenidos y por ataques de funcionarios.
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Unos 53 comunicadores abandonaron el país el año pasado por “acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de exilio preventivo”, indicó la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en su informe anual.
