El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una restricción de entrada a su territorio contra Roberto Clemente Guevara Gómez, actual director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo, en Nicaragua. La medida responde a los señalamientos por graves abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos en dicho centro penitenciario.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó mediante un comunicado que la designación de Guevara Gómez se ampara en la sección 7031(c) de la ley presupuestaria estadounidense. Esta normativa faculta a las autoridades para revocar visados a funcionarios extranjeros vinculados directamente con actos de corrupción o atropellos contra las libertades individuales.
Exigencia de liberación para los presos políticos
Tras oficializarse la sanción, el jefe de la diplomacia de Washington reiteró el llamado urgente para la liberación inmediata de todos los presos políticos que permanecen bajo custodia del régimen. La administración estadounidense busca, con estas sanciones de Estados Unidos, presionar por una rendición de cuentas ante los abusos reportados en la nación centroamericana.
La medida se suma a una serie de acciones internacionales que denuncian el deterioro democrático en el país liderado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. El Departamento de Estado enfatizó que estas prohibiciones son herramientas clave para señalar a los responsables de la represión estatal.
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Preocupación de organismos internacionales
La situación en Nicaragua mantiene en alerta a la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad que recientemente expresó su alarma por el aislamiento del país en la región. El Consejo Permanente ha instado al gobierno nicaragüense a retomar los principios de la Carta Democrática Interamericana para normalizar su estatus internacional.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado de forma persistente el acoso contra figuras de la oposición y las precarias condiciones en los centros de reclusión. Las investigaciones de estos organismos autónomos coinciden en señalar la sistemática vulneración de los derechos humanos como una política de Estado bajo el mandato de Daniel Ortega.
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*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

