EscucharEl presidente Nayib Bukele tiene a decenas de críticos de su gobierno como “presos políticos”, algo que no ocurría en El Salvador desde la guerra civil que concluyó hace tres décadas y que lo equipara con Venezuela y Nicaragua, denunció este jueves una oenegé.
Entre las 86 personas detenidas está la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, la reconocida organización humanitaria que presentó en Guatemala un informe sobre “persecución política” en El Salvador.
“Por primera vez después de los acuerdos de paz (1992), del conflicto armado, podemos hablar de que hay presos políticos en El Salvador”, aseguró René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, en rueda de prensa.
La mayoría, según la organización, son defensores de derechos humanos críticos de la guerra antipandillas de Bukele, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas.
Bukele, quien dice no importarle que lo llamen “dictador”, gobierna bajo estado de excepción. La criminalidad se redujo a mínimos históricos según datos oficiales. Unas 91.000 personas han sido detenidas sin orden judicial, señaladas de ser pandilleros o cómplices.
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Pero según Cristosal, que en julio pasado se trasladó de El Salvador a Guatemala aduciendo una persecución de Bukele, hay miles de inocentes detenidos y graves violaciones a los derechos humanos.
“En el fondo del tan afamado modelo Bukele hay un régimen como tantos otros, una dictadura que mata, que tortura, que roba y que persigue”, subrayó por su parte el director de Cristosal, Noah Bullock.
El gobierno no se ha pronunciado aún sobre el informe.
En una reciente visita a España, el vicepresidente Félix Ulloa dijo a la prensa que “el 97% de los salvadoreños quiere que continúe” el régimen de excepción porque se sienten seguros, y negó que se encarcelen personas por expresar opiniones. “Nada de eso”, afirmó.
“Miedo a levantar la voz”
El informe de Cristosal precisa que los casos de “persecución política” ascienden a por lo menos 245 -entre ellos los detenidos-, pero que podrían ser “muchos más”.
La oenegé señaló que la persecución “se ha consolidado como un mecanismo de control autoritario”. Siete personas han sido condenadas.
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Se ha desatado, agregó, una estrategia de “criminalización penal” como “mecanismo de represión”, especialmente desde 2021 cuando el gobierno tomó el control de las instituciones de justicia, indicó el reporte.
El hostigamiento incluye amenazas, seguimientos, estigmatización pública, presión directa, acciones judiciales no penales y el “uso sistemático de la prisión preventiva como forma de castigo anticipado”, detalló.
Son “patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela”, donde cientos de disidentes han sido encarcelados por motivaciones políticas, apuntó el informe.
Ruth López, una reputada abogada considerada “presa de conciencia” por Amnistía Internacional, fue detenida el 18 de mayo de 2025 tras ser acusada de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía, afín al gobierno.
Este jueves, Amnistía Internacional manifestó preocupación por el activista salvadoreño Fidel Zavala, detenido el 25 de febrero de 2025 cuando asesoraba a una comunidad en riesgo de desalojo por un conflicto de tierras.
Para esta oenegé, su caso muestra la “criminalización” de la defensa de los derechos humanos y el abuso de la prisión preventiva.
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El abogado constitucionalista Enrique Anaya, férreo crítico de Bukele, fue detenido en junio acusado de lavado de dinero.
“En El Salvador se vive un estado permanente de miedo. La gente tiene miedo a levantar su voz, a defender a otros”, agregó Valiente.
La existencia de presos políticos supone un gran retroceso, pues estos casos no se veían desde la guerra civil que sufrió El Salvador de 1980 a 1992, subrayó Cristosal.
