Guatemala ha entrado en un régimen de excepción luego de que el presidente Bernardo Arévalo decretara el estado de sitio en Guatemala por un periodo de 30 días.
La medida responde a una escalada de violencia sin precedentes que dejó un saldo de ocho oficiales de policía asesinados y múltiples motines en centros penitenciarios, atribuidos a las organizaciones criminales Barrio 18 y MS-13.
“He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy”, anunció el mandatario durante una cadena nacional.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos” frente a grupos que tanto el gobierno local como Estados Unidos califican de terroristas debido a sus tácticas de sicariato y extorsión.
Suspensión de garantías y control militar
La implementación de este mecanismo legal conlleva la restricción de derechos fundamentales, como la libertad de reunión y manifestación.
Bajo este marco, las fuerzas de seguridad están facultadas para realizar detenciones e interrogatorios sin necesidad de una orden judicial previa.
El ministro de Defensa confirmó que el cuerpo castrense intensificará su presencia operativa para combatir la inseguridad en Centroamérica.
En un despliegue conjunto entre la policía y el Ejército, las autoridades lograron recuperar el control de tres prisiones donde 46 personas permanecían secuestradas.
El presidente fue enfático al señalar que los criminales “están de rodillas” y reafirmó su postura de cero tolerancia: “Estos grupos, desesperados, quisieron infundir el terror y el caos”, pero “fracasarán” porque “no negociamos con criminales”, aseguró Bernardo Arévalo.
Ofensiva contra los líderes de las maras
Uno de los puntos críticos de la jornada fue la intervención en el penal de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.
En este operativo, que involucró el uso de tanquetas y gases lacrimógenos, se logró la captura y exhibición de cabecillas de la pandilla Barrio 18 y MS-13, entre ellos el individuo conocido como Aldo Dupie, alias “El Lobo”.
A pesar de la magnitud de la crisis, el mandatario informó que no se registraron bajas oficiales durante las liberaciones de rehenes.
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No obstante, la gravedad de los ataques previos contra la policía ha llevado al Congreso a evaluar la ratificación inmediata de estas medidas excepcionales, en un esfuerzo por frenar la crisis de inseguridad en Centroamérica que amenaza la estabilidad democrática del país.
*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.


