EscucharLos colegios profesionales empezaron a levantar la voz contra el expediente legislativo 25.747, un proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa el pasado 27 de agosto por la diputada oficialista Marta Esquivel y que propone una reforma relacionada con la libre competencia en los servicios profesionales y el régimen de colegiatura.
El Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) informó que sus instancias técnicas analizan el proyecto, pues consideran necesario estudiar con cuidado los riesgos y responsabilidades particulares de cada profesión.
Para el CPIC, en áreas como informática y computación hay temas que no pueden pasar por alto, entre ellos la ciberseguridad, la protección de datos personales, la continuidad de los servicios tecnológicos y la operación de sistemas vinculados con infraestructura crítica.
“¿A dónde van los costarricenses?”
Más fuerte fue la posición del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, que anunció su oposición rotunda al proyecto.
La doctora Silvia Coto, presidenta de ese colegio, advirtió que, de aprobarse la iniciativa, podría debilitarse la capacidad de los colegios para fiscalizar, regular y validar las competencias e idoneidad de quienes ejercen una profesión.
“¿A dónde van los costarricenses cuando deben denunciar faltas en el ejercicio profesional?”, cuestionó Coto.
El colegio veterinario recordó que estas instituciones no solo representan a sus agremiados, sino que también regulan el ejercicio profesional, fiscalizan su correcta práctica, controlan quién está habilitado para ejercer, aplican medidas disciplinarias y combaten el ejercicio ilegal.
Por eso, anunció que se sumará al trabajo coordinado con la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) para revisar las implicaciones del expediente y apoyar acciones para detener su avance.
Hablamos de salud pública
La junta directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos Dentistas también alza la voz: “En odontología estamos hablando directamente de la salud y la seguridad de las personas. Por ello, vemos con especial preocupación cualquier iniciativa que pueda debilitar la colegiatura, la fiscalización o las potestades regulatorias necesarias para garantizar un ejercicio profesional responsable.
“Nuestra posición no responde a la defensa de privilegios gremiales ni intereses económicos institucionales. El riesgo radica en debilitar las garantías que protegen a la población, de manera que toda persona que reciba atención odontológica en Costa Rica tenga certeza de ser atendida por un profesional debidamente habilitado, sujeto a estándares éticos y científicos y sometido a mecanismos efectivos de fiscalización y responsabilidad”.
