El 17 de febrero del 2018 un señor pensionado abrió el Facebook y vio una publicación con su foto y la de su esposa, que decía que él era el pedófilo responsable de secuestrar por unas horas a un chiquito que vivía a unas cuantas casas de distancia.

En un principio este señor (quien nos pidió que guardáramos su identidad) no le dio mucha importancia a la publicación porque era mentira, pero luego sus familiares le advirtieron que era algo muy serio.

Inmediatamente la gente del barrio lo comenzó a señalar, le gritaban cosas en la calle como que “había que matar a ese tipo de lacras” y el asunto llegó hasta los tribunales, pues todo se debió a que ese señor denunció ventas de drogas en su comunidad.

El hombre estuvo a punto de vender su casa, incluso tuvo que irse unos días para calmar los ánimos, pero asegura que nunca pudo exigir una disculpa pública de la persona que hizo la publicación porque un abogado le cobró ¢5 millones para elevar el caso a juicio.

Y es que todos los días vemos en las redes sociales comentarios de personas ofendiendo a otras o “quemándolas” por una deuda y hasta achacándoles delitos.

En grupos de Whatsapp o Facebook suben la foto de alguien y le ponen “cuídense porque esta pareja anda robando chiquitos” o “este hombre me quedó debiendo plata” o “me dejó el trabajo a medias”.

Bronca en tribunales

El juez penal y miembro de la comisión de delitos informáticos del Colegio de Abogados, William Serrano Babij, explicó que todo este tipo de publicaciones son delitos contra el honor y están sancionados en el Código Penal.

Los delitos pueden ser injurias, calumnias, difamación, ofensa a la memoria de un difunto y difamación de persona jurídica (de una empresa o de sus socios).

Injurias es cuando se ofende a una persona de manera directa, difamación cuando se ofende en público y calumnia cuando se le atribuye un delito a alguien que no lo cometió.

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Por su parte, la ofensa a un difunto la puede interponer cualquier familiar directo cuando sienta que se afecta su memoria.

La condena por estos delitos son en días multa, los cuales se calculan de acuerdo a los ingresos de quien ofendió.

También se puede pedir dinero adicional por el daño moral y la publicación de una disculpa en algún periódico y en las mismas redes.

Por ejemplo, en el caso de la calumnia, será sancionado con de 50 a 150 días multa quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo.

Esto quiere decir que si a una persona que gana ¢350.000 al mes, se le aplica la pena máxima por este delito, la cual sería de ¢875.000.

Según estadísticas del Poder Judicial, durante el 2018, 16 personas fueron sentenciadas por estos delitos, ocho mujeres y ocho hombres. Durante el 2017 fueron 19.

Según explicó el juez Serrano, la cantidad puede parecer poca, pero es por dos razones, la primera es porque se requiere contratar a un abogado y mucha gente no tiene el dinero para hacerlo.

La otra es porque el 80% de las denuncias quedan en la etapa de la conciliación, donde el asunto termina con una disculpa o retractación pública y el pago de los honorarios del abogado.

“En realidad vemos muchas ofensas, las redes sociales son tierra de nadie y por Internet se dicen cosas que personalmente no dirían. La gente se desinhibe en redes, pues sienten que detrás de un teclado no habrá consecuencias, pero no es así”, aseguró el juez.

Los procesos para estas ofensas son relativamente rápidos, duran un año o año y medio en resolverse.

Aunque el juez indicó que con los altos funcionarios y personajes públicos la situación es distinta, pues entre más alto sea su cargo deben estar abiertos al escrutinio y críticas, eso sí, nadie se libra de las demandas.

La expresidenta Laura Chinchilla es un ejemplo de ello, pues demandó a un empresario hotelero por una publicación en Facebook que ella consideró difamatoria, pero la jueza absolvió al empresario al considerar que el post no contenía una ofensa explícita, sino que permitía otras interpretaciones.

Por su parte, la diputada cristiana Ivonne Acuña presentó una demanda en agosto del 2018 contra un odontólogo del hospital San Juan de Dios que la trató de pola y jaiba en redes sociales. El médico tuvo que retractarse en una publicación y pagar ¢4 millones.