EscucharEl diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Alexánder Barrantes, renunció este lunes 26 de mayo a su inmunidad tras ser acusado por la Fiscalía por el presunto delito de coecho impropio en la modalidad de penalidad del corruptor.
“Tomo esta decisión en apego a los principios de transparencia, responsabilidad y ética que deben regir la función pública, con la firme convicción de que colaboraré en todo momento con las autoridades judiciales correspondientes”, dice el diputado Barrantes en una carta que le mandó al presidente del director legislativo, Rodrigo Arias.
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Esta bronca reventó el 9 de noviembre del año pasado cuando la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, aseguró que el diputado le ofreció algunas cosas a cambio de que votara a favor de un proyecto de ley.
“El diputado Alexander me ha ofrecido cargos y embajadas a cambio de aprobar eurobonos y yo tengo el deber ético de decir que me dejó en shock, pero también me ha ofendido, la gente no me eligió para callarme esas cosas”, dijo Guillén en aquel entonces.
Después de esas declaraciones de la diputada frenteamplita se inició una investigación y a principios de este 2025 la Fiscalía General hizo la denuncia formal.
“Según se determinó en fase de investigación, la ventaja indebida fue ofrecida para uso de la propia funcionaria o de personas cercanas a la fracción que representa. Ese mismo día, la diputada denunció públicamente los hechos”, aseguró el Ministerio Público en un comunicado.
Hace dos semanas, el 14 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia le mandó a la Asamblea Legislativa el caso del diputado Barrantes para que analizaran levantarle la inmunidad.
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Lo que seguía era que los diputados tomaran la decisión de si levantaban o no la inmunidad a don Alexánder, pero como él solito renunció a ella, ahora le tocará afrontar la acusación.
El Ministerio Público explicó que, cuando se acusa a un alguien que tiene inmunidad, el caso se debe mandar a la Corte Suprema de Justicia para que sea muy bien estudiado y analizado para tomar la decisión de si se le solicita, en este acaso a la Asamblea Legislativa, el inicio el proceso de levantamiento de esa inmunidad.
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Deja muy claro el Ministerio Público que en este caso la Procuradoría General de la República es la parte acuasadora y actor civil en este caso.
