Analizan dar más chance a autobuseros para que todas las unidades tengan rampa

La Defensoría no está de acuerdo con un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa el cual pretende reformar un artículo de la Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

El cambio ampliaría la vida útil de los autobuses de ruta regular en el servicio público, de 15 a 20 años. Lo que a la Defensoría le molesta es que con ello se daría otros cinco años más de plazo para garantizar condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las unidades, es decir, para que todos los buses tengan rampas.

La Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad fue promulgada por la Asamblea Legislativa el 18 de abril de 1996. La ley contiene capítulos en los cuales se desarrollan derechos como la educación, el trabajo, los servicios de salud, el acceso al espacio físico y el transporte público.

Para el cumplimiento de las obligaciones en esos capítulos se establecieron plazos con el propósito de ir paulatinamente alcanzando el pleno ejercicio los derechos de las personas con discapacidad.

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En el caso específico del transporte público se dispuso que toda la flota de autobuses debía ser accesible en un plazo máximo de 7 años. Aquí se presentó una confusión puesto que el plazo máximo establecido en la Ley N° 7600 para el cumplimiento de sus obligaciones es de 10 años, ya que consideró que era la obligación más difícil de alcanzar.

Cuando se cumplieron los 10 años de la promulgación de la Ley N° 7600 se contaba con muy pocas unidades de ruta de transporte público accesibles, es decir, con rampa, por lo que se amplió el plazo con que contaban las empresas de transporte público para adaptar sus unidades. De tal manera que se dispuso que no podrían circular autobuses después de transcurrido 15 años de fabricación.

Ahora se pretende una vez más ampliar el plazo establecido en la Ley N° 7600 para que las unidades de transporte público cumplan con las normas técnicas de accesibilidad, afectado así los derechos de las personas con discapacidad.