La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) asegura que Acueductos y Alcantarillados (AyA) mantiene vigentes los cortes del servicio de agua potable a pesar de que esas acciones están suspendidas debido a la emergencia del coronavirus.

La Aresep decidió fiscalizar si la medida se estaba cumpliendo, por lo que personal de la institución visitó varias comunidades sometidas a racionamientos.

"En el transcurso de la semana se recibieron ocho quejas en torno al servicio de agua potable, por la falta de reconexión, suspensiones e incumplimiento de horarios, posteriores a la directriz presidencial 076-S que garantiza agua potable a la población más vulnerable.

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“Esas quejas confirman incumplimientos de las directrices presidenciales, donde se solicitó que las empresas proveedoras de agua y electricidad dejaran de cortar el servicio a morosos durante la crisis provocada por el COVID-19”, indicó la entidad.

El regulador general, Roberto Jiménez, recalcó que las personas que tienen capacidad de pago deben hacerlo, pero en caso contrario deberán hacer arreglos de pago con las empresas que les prestan el servicio.

“Las personas con capacidad financiera deben continuar el pago de los servicios públicos, porque la medida es para diluir en el tiempo a quienes tienen un problemas financieros. No se debe afectar la prestación de los servicios públicos, ni su calidad y por eso debemos pagar”, aseveró.

AyA lo niega

Por su parte, la presidenta de AyA, Yamileth Astorga, rechazó que la institución haya realizado suspensión alguna del servicio de agua a algún usuario desde el viernes de la semana pasada, día en que se determinó la directriz.

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“Puedo dar fe de que nuestros operarios no han realizado ningún corte de agua en acatamiento a la directriz. No indica la Aresep cuántas de las ocho quejas son por suspensiones, para poder confirmar esos casos, pues además incluye las de faltas de reconexión e incumplimiento de horarios”, apuntó la presidenta ejecutiva.

Astorga dijo que el AyA procede conforme a la solicitud del presidente de la República, Carlos Alvarado, a reconectar aquellos servicios que habían sido suspendidos por no pago anteriores a la emisión de la directriz. A la vez, advirtió que el proceso se lleva su tiempo, aunque la entidad atiende esta labor con prioridad porque está consciente de que disponer de agua potable es fundamental para aplicar las medidas contra el COVID-19.

Eso sí, dejó en claro que las conexiones ilegales no entran en esta medida.

Dicha directriz tiene una vigencia de 60 días y podría ser prorrogable de acuerdo con las condiciones del virus. Aplica a de casa, comercios y preferenciales de AyA, ASADAS, Empresa de Servicios Públicos de Heredia y municipalidades.