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Las gasolineras del país presentan condiciones que causan alarma y preocupación, según informó la Contraloría General de la República (CGR) en un informe.
La entidad analizó los controles establecidos por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC) del Minae en el otorgamiento y renovación de concesiones del servicio público para el suministro de combustibles, en gasolineras y en la autorización de tanques estacionarios para autoconsumo de combustibles.
“Estos controles son esenciales para identificar, evaluar y mitigar los riesgos económicos, ambientales y operativos de manera proactiva, principalmente por su eventual incidencia sobre la vida humana, además de la susceptibilidad que presenta a prácticas corruptas, conflictos de interés o decisiones arbitrarias”, informó la Contraloría.
Preocupa mucho que en la auditoría se encontraron deficiencias críticas en los controles establecidos. Estos fueron los detalles que dio la entidad:
- Todos los expedientes revisados carecen de evidencia que acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos, como la verificación de las distancias mínimas de seguridad respecto a centros de salud.
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- En el 57% de los casos no se evidencia fiscalización en campo durante la vigencia de las concesiones y autorizaciones.
- Existe descoordinación entre instituciones con competencia en la fiscalización e imposición de sanciones.
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- Hay carencia de mecanismos que contribuyan con la transparencia, rendición de cuentas y gestión de riesgos, especialmente de corrupción, en las concesiones, renovaciones y autorizaciones.
- 45 de 79 requisitos para otorgar una concesión no se cumplieron (uso de suelo, estudio de demanda, distancias mínimas y viabilidad ambiental).
- 98% de las autorizaciones de tanques estacionarios de autoconsumo no evidencia fiscalización posterior.
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La Contraloría asegura que los controles para los procesos relacionados con los combustibles son vitales para garantizar la seguridad y legalidad del suministro, debido al impacto directo en la seguridad de la población, así como a nivel ambiental y en la economía del país.
“Funcionan como medio para asegurar la transparencia e igualdad en la verificación del cumplimiento de los requisitos administrativos y técnicos, cuyo fin es que el servicio público se brinde de manera segura y con calidad; ya que de no cumplirse se operaría en condiciones inadecuadas y sin garantía, por ejemplo, de que el origen del combustible sea legítimo o de que se observen las distancias mínimas respecto a puntos de reunión como escuelas o centros comerciales.
Asimismo, promueven la competencia justa, y contribuyen a la seguridad jurídica del proceso", detalló la entidad.
