EscucharLa inseguridad que se vive en Costa Rica es la principal preocupación de la gente y tener una Policía profesional, preparada y en la que se pueda confiar, debería ser lo ideal; sin embargo, un informe de la Contraloría General de la República deja muchas dudas al respecto.
La entidad asegura que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) tiene una gran desarticulación a la hora de gestionar los riesgos de contratar a sus agentes. Esto significa que los controles que usan no son lo suficientemente fuertes para evitar que se metan personas sin la ética o idoneidad que el puesto exige.
Faltan papeles y sobran dudas
Para que se haga una idea, entre enero de 2022 y diciembre de 2025, más de 33 mil personas pulsearon un campito, y se logró contratar a 2.762 agentes. Pero al revisar una muestra de esos expedientes, los auditores se toparon con varias sorpresas.
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En el 62% de los casos revisados, los encargados dejaron en blanco el espacio para decidir si el candidato debía ser analizado por la Comisión Interdisciplinaria de Selección. Esta comisión es clave para estudiar los antecedentes de los aspirantes.
Y como si fuera poco, en un 37% de los expedientes ni siquiera hay pruebas de que los nuevos oficiales iniciaran o pasaran su periodo de prueba.
Policías castigados quedan en el “limbo” y vuelven a trabajar en el Estado
Además, entre marzo de 2022 y mayo de 2026, el Ministerio dio de baja a 187 funcionarios que quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos o policiales.
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De ese grupo, 43 fueron despedidos con toda justificación (un castigo de hasta 10 años fuera) y 144 renunciaron con una inhabilitación de hasta 5 años.
¡Pero ojo al dato! 149 de esas personas (casi el 80%) no aparecen en la lista negra del Estado, conocida como la Plataforma Integrada de Empleo Público (PIEP).
¿Qué significa eso? Que al no estar en ese registro central a la vista de todos, seis de esas personas castigadas ya consiguieron trabajo en otras instituciones públicas.
Según la CGR, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) tiene mucho que ver en esta falta de información. Su sistema actual informático rechaza por diseño los reportes de castigos que son exclusivos para puestos policiales.
Dicen que la tecnología de su plataforma no es lo suficientemente flexible y que la solución real llegará hasta el 2028 con un nuevo sistema del proyecto de Hacienda Digital. Mientras tanto, el riesgo de contratar gente inhabilitada sigue vivito y coleando.
¿Qué toca hacer ahora para ordenar la casa?
La Contraloría no se anduvo por las ramas y le ordenó al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, ponerse las pilas. Le pidieron actualizar y oficializar un nuevo procedimiento de reclutamiento para tapar esos “huecos” documentales a más tardar en marzo de 2027.
Además, le jalaron el aire al jerarca de la Dirección General de Servicio Civil para que busquen cómo registrar a estos expolicías castigados de una vez por todas. Tienen tiempo hasta noviembre de 2026 para asegurar que cualquier institución pueda consultar esa lista antes de contratar a alguien.
Al final del día, los costarricenses merecemos que nuestras calles estén cuidadas por los mejores. Ojalá que estas advertencias de la Contraloría sirvan para limpiar la casa y garantizar que quienes portan el uniforme sean personas de total confianza.
