EscucharLa Contraloría General de la República se pronunció sobre la contratación de la empresa internacional Open English por parte del gobierno de Rodrigo Chaves, como parte del proyecto “Hello brete”.
La institución lo hizo luego de que el mandatario saliera al paso de las críticas de las personas que dicen que presuntamente hubo chanchullos en el proceso de licitación. Él dice que todo se hizo en regla, que la licitación es legal y que hasta tuvo el aval de la Contraloría.
Chaves reconoció que hubo apelaciones y objeciones en el proceso, pero asegura que la Contraloría le dio la razón al gobierno.
La Contraloría dio una explicación detallada sobre las objeciones y apelaciones que resolvió y el porqué lo hizo; además, dejó muy en claro que el modelo de aprendizaje escogido por la entidad contratante es decisión y responsabilidad de la entidad contratante.
“La CGR no tiene rol de competencia en dicha decisión, misma que debe basarse en su propia detección de necesidades y en un análisis de propuestas para resolver esa necesidad de aprendizaje realizada por la entidad promotora de la contratación”, informó.
Ahora bien, la Contraloría sí confirmó que revisó los reclamos presentados por otros oferentes y los rechazó, tal y como dijo Rodrigo Chaves.
Rechazó tres objeciones
Las objeciones analizadas por la entidad fueron tres, una de la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica) Sociedad Anónima que presentó cláusulas por las notificaciones de horas de estudio; por el control de deserciones e inactividad, también por los mecanismos de control y alertas, la notificación de resultados, los datos para certificados, y la interoperabilidad, protección de datos.
Esa objeción la Contraloría la rechazó de plano por falta de fundamentación.
“La CGR determinó que la empresa no demostró con prueba técnica idónea que las condiciones actuales limiten la participación o sean de imposible cumplimiento, ni que sus propuestas fueran superiores en eficiencia”, detalló.
La empresa Applica Sociedad Anónima presentó una objeción alegando falta de parámetros de horas/docente, también el requerimiento de currículums del personal y la aplicación del 13% de IVA (solicitando un 2%). Esta también fue rechazada.
“La recurrente usó datos basados en hipótesis de fuente desconocida, no probó por qué no puede aportar los currículums y no presentó prueba de la autoridad tributaria que validara la aplicación del 2% de IVA para este objeto contractual”, dijo la Contraloría.
Además, la empresa Capacitación y Desarrollo Profesional Valdespe Sociedad Anónima objetó que los requisitos para docentes nacionales son más gravosos que para extranjeros angloparlantes, lo que consideró discriminatorio y violatorio del principio de igualdad. De igual manera, el reclamo fue rechazado por falta de argumentación.
“La empresa no indicó las normas particulares violentadas ni aportó prueba de autoridades competentes (como el Ministerio de Trabajo) que acreditara la discriminación alegada o una ventaja comparativa indebida para empresas extranjeras”, detalla el comunicado.
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También hubo apelaciones
La Contraloría también analizó un recurso de apelación por parte de las empresas Edutech de Centro América S.A. y Capacitación y Desarrollo Profesional Valdespe S.A.
En el caso de Edutech de Centro América S.A., el recurrente ocupaba el tercer lugar en el sistema de evaluación. Para tener legitimación (mejor derecho), debía demostrar que tanto el primer lugar (adjudicatario) como el segundo lugar eran inelegibles. El reclamo fue rechazado de plano “por falta de legitimación e improcedencia manifiesta”.
Por su parte, la empresa Capacitación y Desarrollo Profesional Valdespe S.A. alegó que la empresa adjudicataria Say Pura Vida! by Open Education & RACSA presentó ofertas en moneda internacional y estas no podían tener revisión de precios y que el precio de la adjudicataria no era firme.
“Se declara sin lugar el recurso en todos sus extremos y se confirma el acto de adjudicación”, indicó la Contraloría.
Capacitación y Desarrollo Profesional Valdespe S.A. también solicitó una aclaración a una resolución sobre el pliego de condiciones para los interesados en la adjudicación que tenía que ver con el costo de la disponibilidad por parte de las empresas para cubrir un horario de 24 horas, pero la Contraloría aclaró lo siguiente:
“Al tratarse de una modalidad de ‘cuantía inestimada y entrega según demanda’, el pliego no estableció un número fijo de docentes ni una cantidad determinada de horas obligatorias. Por lo tanto, cada empresa es libre de estructurar sus costos según su propia eficiencia”.
