EscucharCuando se habla del servicio de la luz y del recibo que se paga, el tema les interesa a todos porque toca el bolsillo.
La Contraloría General de la República (CGR) le metió la lupa al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y destapó un panorama bastante preocupante sobre cómo se está manejando la red de transmisión eléctrica.
Dicha red está conformada por grandes torres y cables que transportan la energía desde las plantas hasta los barrios. Si eso falla o se atrasa, todos pagan los platos rotos.
Un tortón de más de ¢13.000 millones
La Contraloría encontró que hay tres grandes proyectos de transmisión que andan a paso de tortuga y, lo que es peor, están gastando plata de más.
El informe detalla que estas obras presentan incrementos en sus costos por ¢13.437 millones. Además, arrastran atrasos que van desde un año y medio hasta los seis años.
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Por ejemplo, el proyecto Anillo Miravalles casi duplicó su presupuesto, con un aumento de más de ¢6.671 millones y un atraso de casi tres años.
Por su parte, el proyecto en la península de Nicoya es el más lerdo de todos: lleva 6,6 años de atraso y un aumento de costos de ¢5.634 millones. Toda esa ineficiencia y rediseños terminan pasando la factura a la gente.
¿En qué le afectan a usted esos atrasos?
Usted se preguntará, ¿en qué me afecta que se atrasen esos proyectos? La respuesta de la Contraloría es clara y preocupante.
Estos retrasos incrementan el riesgo de que la red de transmisión se convierta en un cuello de botella. Es decir, que no haya capacidad suficiente para llevar la energía que el país necesita.
Si las obras no están listas a tiempo, se expone a que empiecen a fallar la continuidad, seguridad y calidad del suministro eléctrico. En palabras sencillas: aumenta el riesgo de apagones o fallas en el servicio que llega a su refrigeradora o televisor.
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Un dolor de cabeza para nuevos negocios y el empleo
La afectación a la economía del país también es grave. Si alguien necesita una nueva conexión a la red eléctrica, le toca armarse de paciencia.
La Contraloría comprobó que el ICE tarda, en promedio, 324 días (casi 11 meses) en resolver y asignar un punto de conexión definitivo a un interesado.
Incluso hay dos grandes proyectos de energía solar (PSFV Curubandé y PSFV Chorotega) que están en pausa porque todavía no tienen un punto de conexión viable.
Esto frena el desarrollo, atrasa la electrificación del transporte (como los carros eléctricos) y espanta a nuevas empresas que podrían generar empleos para los ticos.
Tienen que arreglar el problema con urgencia
Finalmente, el ente contralor evidenció un rezago de más de seis años entre el ICE y la ARESEP para implementar un modelo de servicios auxiliares. Esto impide que haya reglas claras para aplicar las tarifas de manera transparente.
Ante toda esta situación, la Contraloría giró órdenes de acatamiento obligatorio para que el ICE mejore sus controles, ordene los proyectos y acelere los trámites de conexión.
