EscucharEste martes 7 de abril se convierte en un día histórico y es importante que lo anote en su agenda. La Sala Constitucional (Sala Cuarta) se metió de lleno en la guerra por las abejas del país.
Esto porque declararon con lugar un recurso de amparo contra el uso agrícola de un insecticida que, según quienes pusieron el recurso, afecta a sus abejas.
“Las personas recurrentes indicaron que se dedican a la meliponicultura y apicultura en Lepanto, Puntarenas, donde mantienen colmenas en una finca familiar y que desde el año 2024 han observado afectaciones en colmenas de abejas nativas y de Apis mellifera, con la pérdida de al menos 24 colonias de abejas nativas, así como daños severos en más de 300 colmenas, con una reducción poblacional cercana al 70%.
“Aducen que estas afectaciones coinciden con la intensificación del uso de insecticidas en plantaciones de mango en el sector de “La Penca”.
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“Además, señalan que acudieron al Ministerio de Salud, SENASA y al MAG, sin que se realizara inspección alguna, ni se asumiera el caso y que en SENASA únicamente se recibió una muestra”, explica sobre el caso la Sala Cuarta.
Quienes pusieron el recurso, explica la Sala Cuarta, “estimaron lesionado su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, a la biodiversidad, a la seguridad alimentaria y a su actividad productiva”.
Ante este recurso, la Sala analizó los informes que presentó SENASA y los resultados de laboratorio del LANASEVE, en los que se detectó la presencia del insecticida Fipronil y su metabolito en muestras de abejas analizadas.
Los magistrados analizaron los estudios realizados por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, que identificaron la presencia de ese insecticida en concentraciones superiores a los niveles estimados como letales y los criterios técnicos de la Universidad de Costa Rica que documentaron la toxicidad del Fipronil para abejas y otros polinizadores.
“A partir de este conjunto de elementos probatorios, por unanimidad, el Tribunal Constitucional tuvo por acreditada la existencia de una afectación a las poblaciones de abejas en la zona de Lepanto y concluyó que se configura una transgresión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Por eso, la Sala Cuarta declaró con lugar el recurso de amparo, además, le “ordena a Luis Fernando Vargas Pérez, en su condición de Ministro a.i. de Agricultura y Ganadería, y a Luis Alberto Matamoros Cortés, en su calidad de director General del SENASA, o a quienes ejerzan tales cargos, que bajo los parámetros y transitorios establecidos procedan a sacar de circulación nacional todos los insecticidas que contengan Fipronil”.
