EscucharDesde hace varios meses, los diputados no llegan a un acuerdo para elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, por lo que la Defensoría de los Habitantes señaló que esto pone en riesgo el respeto de los derechos fundamentales de la población.
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Los legisladores no logran un consenso porque el oficialismo se niega a elegir los magistrados suplentes, ya que no les gustan, ni conocen a los 18 candidatos de la nómina que hizo el Poder Judicial.
“En un informe remitido esta semana a la presidenta de la Asamblea Legislativa, la Defensoría alertó que la continuidad de la situación actual de parálisis de estos nombramientos implica un quiebre directo al principio de supremacía constitucional”, indicó.
Asimismo, señaló que la falta de los nombramientos imposibilita a la Sala IV a ejercer su competencia, pues resta “toda eficacia a la Constitución Política, como norma suprema que da garantía a los derechos fundamentales de la población”.
Los magistrados suplentes son importantes para el funcionamiento constitucional, pues la Defensoría recordó que el año pasado estos funcionarios participaron en la votación de aproximadamente 43.144 expedientes.
“La ausencia de magistraturas suplentes ya está produciendo afectaciones concretas en la prestación del servicio de justicia constitucional, existiendo al menos 87 asuntos pendientes de estudio y resolución definitiva por la imposibilidad de integrar el Tribunal”, dijo.
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Miles de personas presentaron recurso de amparo
Al menos 1.838 personas presentaron un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa por la falta de nombramientos de los magistrados suplentes.
El recurso fue tramitado bajo el expediente 26-022114-0007-CO y se encuentra en la etapa de admisibilidad.
“El recurso sostiene que la omisión atribuida a la Asamblea Legislativa podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, al afectar el funcionamiento regular de la jurisdicción constitucional”, comunicó la oficina de prensa de la Sala Constitucional.
Las personas que presentaron este recurso señalaron que si no se hacían los nombramientos oportunamente, se genera un riesgo de afectación al funcionamiento continuo de la jurisdicción constitucional.
“El recurso enfatiza que la omisión no es meramente administrativa o política, sino que puede impactar directamente la continuidad del servicio público de justicia constitucional, lo cual resulta relevante porque de este depende la posibilidad real de interponer y resolver recursos de hábeas corpus, amparo y demás mecanismos de control constitucional”, dijo la oficina de prensa de la Sala IV.
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