La Defensoría de los Habitantes pegó el grito al cielo e hizo un llamado urgente para que se le ponga mucha atención a un tema que podría afectar seriamente a los costarricenses.
La entidad envió observaciones a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa donde se discute el proyecto del Segundo Presupuesto Extraordinario 2026 (el expediente N.º 25.803).
Este plan busca acomodar las finanzas del país porque el gobierno calculó que va a recibir ¢373.390,80 millones menos en impuestos de lo que esperaba. Por culpa de esto, el presupuesto nacional va a sufrir una reducción de ¢167.968,23 millones.
¿Qué pasa con la plata del Banhvi y el IMAS?
Para tapar ese hueco y poder pagar deudas y pensiones, el gobierno está tomando reintegros y superávits (plata que supuestamente sobró) de varias instituciones públicas.
Aquí es donde la Defensoría enciende las alarmas. Se están tomando ¢14.483,28 millones que eran del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Lo más preocupante es que el 96% de esa plata viene de instituciones tan importantes para los ciudadanos vulnerables como el Banhvi y el IMAS.
La gran duda de la Defensoría es: ¿esa plata sobró o fue que no pudieron entregar las ayudas a tiempo?
Por eso, la Defensoría exige que el Banhvi aclare cuántos proyectos de vivienda y expedientes tienen pendientes y que el IMAS explique cuántos hogares elegibles se quedaron sin beneficio porque esos fondos no se ejecutaron.
Salud y un duro golpe a los estudiantes de Limón
El proyecto también mueve ¢10.327,27 millones hacia la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para pagar el aseguramiento que le toca al Estado.
Aunque esto suena bien, la Defensoría advierte que pasar la plata no es suficiente. Pide datos claros para saber si esto de verdad se traduce en consultas, medicamentos y tratamientos oportunos para los pacientes.
Preocupación en el TEC
Pero el punto que más preocupa a muchos es un fuerte recorte que afectaría directamente a la educación fuera de la capital.
La Defensoría advirtió sobre una rebaja de ¢492,88 millones al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Este recorte afectaría directamente el financiamiento del Centro Académico de Limón. Estamos hablando de 417 estudiantes de tres carreras distintas y 30 trabajadores que verían su futuro en riesgo.
Por esto, les piden a los diputados que exijan explicaciones urgentes al Ministerio de Hacienda, recordando que hay leyes que protegen el financiamiento de las sedes universitarias regionales.
“Un presupuesto no es solamente una cifra”
La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, dio un mensaje directo.
“Un presupuesto no es solamente una cifra. Detrás de cada decisión presupuestaria hay personas, familias y derechos que deben ser protegidos,” señaló.
La jerarca insiste en que el país necesita saber por qué hay fondos sin usar y cómo se van a garantizar los servicios básicos.
