La Contraloría General de la República (CGR) le metió la lupa a la Municipalidad de San Carlos y revisaron cómo se manejaron las compras durante los años 2024 y 2025 usando un mecanismo llamado “contratación por excepción”.
¿Qué es eso? Es cuando la muni hace compras rápidas o especiales sin tener que usar el largo proceso normal de una licitación.
Durante ese tiempo, ese gobierno local hizo 211 compras de este tipo, gastando una suma de ¢488 millones.
Compras a ciegas y sin estudios
La Contraloría revisó una muestra de 48 expedientes de esas compras y los resultados lo van a dejar con la boca abierta. En el 100% de los casos revisados no se hicieron estudios de mercado.
Tampoco se logró comprobar si los precios que la municipalidad estaba pagando eran verdaderamente justos o razonables.
Además, en todas estas contrataciones, los funcionarios omitieron incluir criterios ambientales o de innovación. Tampoco lograron acreditar de forma correcta en el sistema los motivos legales y financieros que justificaran hacer la compra de esa forma.
Faltas graves en el uso del SICOP
El sistema SICOP está diseñado para que todo sea transparente, pero aquí la cosa falló bastante. En un 21% de los casos, las decisiones iniciales de compra ni siquiera fueron aprobadas siguiendo el reglamento interno vigente.
Para que se hagan una idea de los descuidos, en la excepción de “proveedor único” (la que más utilizan), la ley manda dar al menos tres días hábiles en el sistema para ver si nadie más ofrece el servicio, pero en el 78% de los casos ignoraron ese tiempo mínimo.
En cuanto a las compras de servicios artísticos y culturales, no explicaron las razones de por qué contrataban a un artista en específico, ni tampoco comprobaron la razonabilidad de lo que les estaban cobrando.
Además, el informe detalló que hicieron contrataciones bajo la modalidad de “entrega según demanda”, poniendo en el sistema un insólito precio de referencia de tan solo ¢1 por línea, algo que la Contraloría señaló como contrario a la ley.
Llamado urgente a la transparencia
Otro de los señalamientos de la entidad es que la cultura de ética a la hora de contratar parece estar muy flojita. En un 12% de los casos revisados, no se adjuntó al sistema ninguna de las cuatro declaraciones juradas que los proveedores deben presentar para probar que no tienen prohibición de contratar con el Estado.
En otro 58% de esos expedientes, la documentación de estas importantes declaraciones estaba simplemente incompleta.
La Contraloría fue directa y advirtió que todos estos descuidos exponen a la municipalidad a graves riesgos de corrupción y conflictos de interés. Al no tener controles estrictos, se pierde la confianza y la transparencia con todos los ciudadanos del cantón.
Por todo esto, le ordenaron directamente al alcalde Juan Diego González Picado que se ponga las pilas de inmediato.
El jerarca municipal deberá hacer un plan estratégico para capacitar a su personal, mejorar los controles internos, actualizar reglamentos y arreglar todo este enredo a más tardar a mediados del año 2027.
