La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un informe sobre una auditoría que le hizo al Ministerio de Hacienda y los resultados dejan a todos con la boca abierta y con un gran dolor en el bolsillo.
La entidad indagó qué tan efectivos han sido los famosos “controles tributarios” que aplica la Dirección General de Tributación (DGT), analizando lo que pasó desde el 1.° de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2026.
Una montaña de plata que se esfuma de las manos
La Contraloría calculó que la falta de controles sobre los incumplimientos tributarios ha dejado un hueco de nada más y nada menos que ¢1,8 billones acumulados en ese período.
¡Imagínese la cantidad de escuelas, hospitales y carreteras que se podrían arreglar con toda esa millonada! Solo para este año 2026, el impacto fiscal de esta falta de cobro es de ¢794.496 millones.
¿Pero por qué se pierde tanta plata? Porque el Ministerio de Hacienda no está siendo eficiente a la hora de vigilar y cobrarles a quienes declaran en cero, a los que reportan gastos improcedentes (usando facturas falsas) o a los patronos que se dejan la retención del salario de sus empleados y no la entregan al Estado.
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Controles por el suelo: la impunidad reina
El informe es claro y señala que la vigilancia que hace Hacienda es “limitada y decreciente”. De 781.576 casos que tenían un alto riesgo de estar evadiendo la ley, apenas seleccionaron a 23.578 para investigarlos.
Es decir, el Gobierno solo planificó vigilar el 3% de los casos con mayor riesgo.
En el 2023 lograron hacer 1.767 acciones de control, pero en todo el año 2025, la cifra cayó al piso y apenas lograron ejecutar dos acciones.
Según justificó la institución, este bajonazo se dio porque tuvo que reasignar al personal que hacía estas revisiones para ponerlo a realizar labores de cobro, dejando casi abandonada la vigilancia.
Trámites a paso de tortuga que perdonan a los morosos
Si ya es grave que investiguen a tan poquitos, el asunto empeora porque se hace de forma lenta. La Contraloría descubrió que Hacienda excedió de manera sistemática los plazos legales, haciendo las cosas demasiado tarde.
Por ejemplo, el plazo para enviar avisos y comunicaciones persuasivas es de 10 días hábiles. Sin embargo, cuando se trató de contribuyentes que declararon renta bruta en cero (pese a haber emitido facturas cobradas), no lograron cumplir el plazo ni en un solo caso.
Los atrasos son de no creer. Hay liquidaciones o cobros que debían resolverse en un máximo de 67 días hábiles, pero tardaron entre 63 y 294 días. En algunos casos extremos de retenciones salariales no declaradas, el trámite duró hasta 600 días. Con esos tiempos, hasta prescribe la deuda.
Mensajes que nadie lee y plata que no vuelve
Al final de la historia, las famosas acciones de control tuvieron un éxito casi nulo. La Contraloría comprobó que cuando intentaron recuperar plata por la evasión de gastos improcedentes, apenas lograron cobrar el 2,3% de lo que estimaban recuperar.
En los casos de patronos que no entregaron las retenciones salariales, apenas se logró recuperar un 4,7%.
Y cuando les mandaron mensajes de texto o correos a los morosos para persuadirlos de presentar su declaración, el resultado también fue deficiente: solo uno de cada cuatro omisos (25,3%) hizo caso y se puso al día.
Ante este panorama tan preocupante, la Contraloría le ordenó a don Miguel Ángel Solís Sánchez, director de Tributación, implementar de urgencia nuevos planes de acción e indicadores para corregir este desastre entre el 2027 y el 2028.
