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Epsy Campbell, vicepresidenta y canciller de la República, está en el ojo del huracán luego de realizar varios nombramientos en puestos de confianza dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, algo que los diputados han calificado como inmoral.
Sin embargo, ella asegura que la “persecución” que le están haciendo es simplemente por ser mujer y negra.
“Una campaña de mentiras que justifica la violencia racista y machista que se ha desatado sobre una persona que asume un puesto de poder. Soy mujer y soy afrodescendiente”, dijo Campbell.
Otto Vargas, diputado del Partido Republicano, desmintió esto y, además, dijo que desde un principio estuvo en contra del nombramiento de la funcionaria como canciller.
“Ella no tiene el perfil ni los atestados para ejercer ese cargo, a mi parecer había otras personas que sí cumplían con todos los requisitos para ese puesto”, detalló.
Ana Karine Niño, del Partido Liberación Nacional, aseguró que la canciller está desviando la atención para no ser cuestionada por los puestos que repartió.
“Ese no es el enfoque, nosotros estamos tras los nombramientos que hizo y por el doble discurso que tiene ella. Cuando era diputada criticó esto y ahora que es parte del gobierno oficialista hace todo lo que ella en algún momento criticó. Las denuncias que hacemos no son por su color de piel ni por su género”, añadió.
Por su parte, María Inés Solís, legisladora por el Partido Unidad Social Cristiana, afirmó que las declaraciones de Campbell no tienen pies ni cabeza, es decir, cree que está más perdida que la chiquita de la llorona.
“Uno tiene que hacerse responsable de lo que hace y dice, a estas alturas no se vale culpar a la raza ni a su género”, destacó.
Nielsen Pérez, congresista del Partido Acción Ciudadana, al cual pertenece Cambpell, defendió a la canciller al decir que su apreciación es cierta, ya que las personas no están “acostumbradas a ver mujeres en el poder y mucho menos negras”.
Los diputados de oposición que consultamos dijeron que no tomarán ninguna represalia política, es decir, si el Gobierno necesita aprobar un proyecto, como el plan fiscal, no le atravesarán el caballo.
