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La Cruz Roja Costarricense atraviesa un momento muy complicado en cuanto a su financiamiento, pues actualmente posee un déficit de más de 900 millones de colones, según han informado.
Debido a esto, la institución se ha visto obligada a tomar medidas como el cierre de comités en distintos sectores del país para recortar gastos y no aumentar el déficit. Casos muy recientes como en San Pablo y San Rafael de Heredia, o los cierres en Juan Viñas de Jiménez en Cartago y San Mateo de Alajuela, por mencionar los últimos cierres.
En medio de la crisis de la Benemérita y del llamado de sus jerarcas a buscar soluciones, la Asamblea Legislativa sometió a votación un proyecto de ley que buscaba flexibilizar los procesos de contratación para la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias. Este fue rechazado por la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
El proyecto, presentado desde la Asamblea anterior, buscaba excluir a la Cruz Roja de los procesos ordinarios de contratación pública al utilizar fondos del Estado, asegurando que, pese a la excepción, el trámite siempre estaría bajo la lupa de la Contraloría General de la República (CGR).
“Este proyecto de ley viene a liberar parte de los recursos que el estado costarricense le da a la Cruz Roja para no tener que someterse a los procedimientos de la contratación administrativa, siempre respetando los principios, pero no los procedimientos, ‘¿Por qué?’ Porque la atención de la salud de las personas de nuestro país requiere inmediatez, requiere que se resuelva pronto. Este proyecto de ley es fundamental", explicó la diputada María Eugenia Román, del Frente Amplio.
Durante el plenario, Román explicó que la iniciativa tenía como finalidad evitar el gasto excesivo de recursos y tiempo al resolver las compras o contrataciones requeridas por la Cruz Roja para brindar atención oportuna.
La diputada de Liberación Nacional, Iztarú Alfaro, secundó esta explicación: “Este proyecto de ley lo que busca es poderlos ayudar a no tener tanta burocracia pero por supuesto con todos los controles de ley necesarios para el tema de la operatividad, las compras y demás”.
En representación del Partido Pueblo Soberano, la diputada Esmeralda Britton expuso que el oficialismo no apoya el proyecto, ya que consideran que, cuando se utilizan dineros públicos, los procesos deben realizarse en estricto apego a la Ley de Contratación Pública.
El diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, indicó que votaron en contra no por estar en desacuerdo con la Cruz Roja, sino porque consideran que el procedimiento es inadecuado.
“No porque no estemos de acuerdo con la Cruz Roja, es porque el procedimiento no es el adecuado, es porque no solo nosotros, sino la Contraloría General de la República cuestionó este procedimiento y no es escuchando a las personas que forman parte de la Cruz Roja, que todos los días se parten el lomo tratando de ayudar al prójimo, oyéndolos decir: aprueben este proyecto de ley. ¿Alguien les preguntó a ellos si sabían que significaba este proyecto de ley, o nada mas les dijeron es que este proyecto esta a favor de la Cruz Roja?“, argumentó Acosta.
Ante la duda de si la Benemérita estaba realmente enterada de las implicaciones del texto, la diputada Alfaro recordó que representantes de la institución estuvieron este lunes en la Asamblea, participando en una mesa de trabajo en la cual se mostraron informados sobre el proyecto. En dicha reunión también estuvieron presentes miembros del despacho de Alfaro y del diputado Acosta.
Dyanne Marenco, presidenta de la Cruz Roja Costarricense, alertó que cerca de 60 comités se encuentran en una seria crisis financiera. Junto a esto, expuso la retención de camillas en hospitales y lo complicado que resulta contratar personal entre otras situaciones entorno a la Benemérita.
“Es la única institución de primera respuesta de este país que no tiene una jornada especial. Por tanto, contratar personal en Cruz Roja es tremendamente caro. Es tremendamente difícil y es retador. ¿Por qué? Porque hay más de 90 empresas privadas de ambulancias en este país, que sí lucran en un mercado que Cruz Roja no lucra. (…) Por tanto, el llamado que hacemos es que se haga un análisis integral para poder evaluar todos los elementos y encontrar una solución sostenible", aseguró Marenco durante su visita al legislativo.
Tras el rechazo de la iniciativa, La Teja le solicitó una posición a la Cruz Roja, en la respuesta afirmaron que es absolutamente respetuosa de las decisiones del Poder Legislativo, pero reiteró la urgencia de agilizar sus procesos de contratación. Además, señalaron que esperan el avance de otros proyectos que les beneficiarían y agradecieron las iniciativas a favor de su labor.
