Que el diputado Melvin Núñez siga con el cuento de que no cree en las vacunas contra el covid-19 incomoda a sus compañeros del Partido Restauración Nacional (PRN).

El 28 de setiembre el legislador volvió a las andadas luego de que el Ministerio de Salud anunciara que la vacunación contra el coronavirus será obligatoria para los empleados públicos y las empresas privadas podrán exigirles a sus trabajadores que se apliquen el medicamento.

“...me parece irresponsable por parte del ministro de salud que quiera obligar la vacunación a empleados públicos e insiste a patronos a obligar a otros a ponerse esta vacuna experimental, señor Daniel Salas: No somos ratas de laboratorio, tenemos más de un 90% de compatibilidad, pero no somos ratas y los ticos no le vamos a permitir utilizarnos en los negocios de estas vacunas y espere demandas contra derechos humanos y denuncias múltiples.

“Sus protocolos en hospitales no son contra el covid-19 y lógico están provocando el caos en hospitales”, dijo en la publicación.

La Teja intentó conversar por teléfono con Carlos Avendaño, presidente y diputado de Restauración, sobre la posición de Núñez, pero se nos dijo que estaba en una reunión; luego mandó una respuesta escrita.

“Restauración Nacional se ha manifestado contundentemente a favor del sistema de vacunación como una medida prioritaria para combatir la pandemia y ha sido enfático en instar a la población a vacunarse”.

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Avendaño dijo además que la mayor parte de sus compañeros están vacunados.

También se buscó la posición de Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de la agrupación política.

“Nosotros no compartimos la actitud de don Melvin y más bien reiteramos nuestro respaldo al proceso de vacunación contra el covid-19. Instamos a todos los costarricenses a seguir luchando juntos contra este virus, siguiendo los protocolos sanitarios y las disposiciones emitidas por las autoridades de Salud”.

Problemas legales

Sobre el tema de la vacunación obligatoria, a la que el legislador Melvin Núñez se opone, el abogado Álvaro Aguilar Saborío dijo que cuando llegue a publicarse (las normas que la rigen) habrá que analizar el decreto porque si la gente sigue de cabezona podría quedarse sin trabajo e incluso enfrentar un proceso penal.

“De momento hay que tener mesura y esperar la publicación del decreto para después de eso ver los alcances. Lo que sí está claro es que si el decreto establece que todo funcionario público debe contar con la vacuna, la lógica jurídica dice que pasa a ser un requisito del puesto de trabajo.

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“Como consecuencias, desde el punto de vista laboral, el funcionario del Estado que inclumpla alguno de los mandatos que le establece su empleador enfrentaría un proceso disciplinario que podría incluir incluso el despido.

“Aparte de esto hay un tipo penal que habla de la responsabilidad de las personas, que cuando han sido advertidas no toman las medidas necesarias para evitar una epidemia. La sociedad le puede imponer una sanción que va de uno a tres años de cárcel a quien no cumpla con el decreto o las medidas sanitarias”, explicó.

El abogado dijo que aunque en Costa Rica hay libertad de culto, ideología y pensamiento, también hay un principio jurídico “de reserva” que hace que las leyes no sean absolutas. En este caso (el de la vacunación) ese principio defiende la vida colectiva de la sociedad y por eso se da prioridad al criterio de las autoridades de salud que a la preferencia de cada uno.

“Con estos decretos todos debemos acatar las órdenes, la prioridad es el bienestar colectivo”.

—  Álvaro Aguilar, abogado