El informe del Programa Estado de la Nación 2025, cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves 13 de noviembre, dejan ver el gran daño que los problemas de infraestructura e inseguridad le hacen al país.
Entre 2014 y 2024 Costa Rica destinó en promedio solo 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) a infraestructura de transportes, cifra que desde 2020 cayó a 0,50 %.
Según el plan nacional vigente, se requería invertir cerca del 4% del PIB anual entre 2019-2035 para alcanzar estándares adecuados.
Los resultados de esto son obras repartidas con grandes retrasos y sobrecostos. Por ejemplo, la Circunvalación Norte acumula 66 meses de retraso y un sobrecosto del 65 %; la Ruta 32 presenta una demora similar y un sobrecosto del 43 %; mientras que el tramo Taras–La Lima se ha demorado 30 meses y aumentó su costo en un 23 %. Estos tres proyectos suman sobrecostos equivalentes al 0,64 % del PIB en 2024.
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Mantenimiento al borde del colapso
El rezago del mantenimiento de la red vial es dramático: según un informe técnico del LANAMME‑UCR, se estima que un 70% de los puentes del país están en estado “alarmante”, “falla inminente” o “deficiente”.
El costo social y económico ya es cuantificable: solo en 2024, por ingresos perdidos de empresas, la cifra se ubicó en 1,58 % del PIB. Un caso emblemático es el del puente sobre el río Tempisque, cerrado parcial o totalmente por 121 días, cuya pérdida equivaldría a 1,38 veces su valor de reposición o 15,78 veces ante un cierre total.
Inseguridad epidémica con impacto económico
En el frente de seguridad ciudadana, el informe reporta una tasa de homicidios de 16,6 por cada 100.000 habitantes en 2024, cifra que clasifica esa realidad como “epidemia” según la Organización Mundial de la Salud. Los 38 cantones con tasas epidémicas concentran el 62% de la producción nacional.
El estudio demuestra que la actividad industrial cae en los territorios más violentos, mientras que la actividad comercial crece, aunque se produce en el comercio informal vinculado al crimen organizado, lo que distorsiona los beneficios reales.
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Un panorama de alto riesgo económico
La combinación de una infraestructura vial rezagada y una inseguridad creciente configura un escenario crítico para el desarrollo costarricense.
El informe advierte que la desatención al mantenimiento, la ejecución deficiente de obras y la incapacidad para contener el crimen limitan la competitividad, debilitan la cohesión social y amplían las brechas territoriales.
¿Qué debe hacerse?
El documento propone dos líneas de acción esenciales:
- Aumentar la inversión pública en obras estratégicas de infraestructura de transportes, garantizar su ejecución eficiente y reforzar el mantenimiento de activos clave como rutas y puentes.
- Implementar una política de seguridad con enfoque territorial, que articule prevención del delito, fortalecimiento policial y protección de la actividad productiva regional.


