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Gobierno bajará el precio del arroz y dará empujón a productores del grano

Los productores que tengan terrenos de menos de 100 hectáreas recibirán ¢3 millones cada uno

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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció este miércoles que ya está en revisión un decreto que bajaría el precio del arroz.

El mandatario explicó que el decreto ordena bajar el impuesto a la importación de arroz y crea un subsidio de ¢3 millones para los productores de este grano con terrenos que midan menos de 100 hectáreas.

El impuesto bajará de un 36% a un 5% para el arroz pilado y el del arroz en granza subirá de un 0% a un 4,5%.

“La ruta del arroz empezó con un decreto que firmamos al puro principio del gobierno quitando el precio mínimo. Había un decreto que decía: ‘aquí nadie puede vender arroz a menos de este precio, aunque usted lo pueda conseguir más barato’.

“Luego eliminamos una restricción a la competencia que era que solo los cinco o seis grandes podían fortificar el arroz, que es añadirle vitaminas y otros nutrientes, dijimos ‘quienes tengan las condiciones, que lo fortifiquen’”, afirmó Chaves.

“Hoy estamos bajando el impuesto a la importación del arroz, que tiene que pagar todo el mundo, menos los industriales; ellos traían el arroz ante una situación de desabasto que decían ellos mismos. No le cobraban nada al arroz pilado, lo fortificaban y se ganaban el 36% del impuesto a la importación. Ahora van a tener que competir”, manifestó.

Chaves también dijo que si los industriales se niegan a comprarles arroz a los pequeños y medianos productores, el Consejo Nacional de Producción (CNP) tiene los contratos y la potestad legal de recibirles el grano, procesarlo y dárselo a la gente a través del Programa de Abastecimiento Institucional.

Buen empujón

El presidente dijo que saben que los pequeños productores tiene menos posibilidades de competir y que por eso les darán el subsidio de ¢3 millones para que puedan buscar nuevas actividades económicas.

Los beneficiados con esta plata serán el 90% de los 496 productores de arroz del país.

“A los pequeños les estamos montando un paquete de asistencia técnica, de ayuda para que transiten a otras actividades más rentables”.

Según Chaves, los cinco millones de habitantes del país se van a beneficiar.

“Era tanta la plata que se ganaba la gente que les podemos dar plata sin crear un hueco fiscal y va a sobrar dinero”, sostuvo.

El mandatario espera que la revisión del decreto termine pronto para firmarlo y que entre en vigencia. No detalló cuánto significa en dinero la baja que se daría en el arroz, pero dijo que será bastante.

Consumidores celebran

Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, celebró la noticia.

“Es increíble y ustedes nos han oído durante años sobre los perjuicios: que la regulación de precios, que los aranceles altos. Entre más pobre es un costarricense más arroz come y es a ese al que durante décadas se ha perjudicado con una política que no tiene sentido. Han pasado gobiernos que públicamente han dicho que los mecanismos de regulación son obsoletos y aún así los han dejado”, dijo.

“Por fin una administración se da cuenta de que proteger el bolsillo de la gente no es solo mejorarle el ingreso, es también proteger el gasto, hacer que no tengamos que pagar de más para beneficiar a unos pocos y, desgraciadamente, eso es lo que ha ocurrido por años de años”, manifestó Ulate.

Juan Ricardo Fernández, de Consumidores Libres, también se mostró satisfecho y calificó el decreto que está en proceso como un “retorno a la sensatez”.

“Es volver a buscar las políticas públicas que benefician a la mayor cantidad de costarricenses y no a la política añeja de favorecer a grupos de presión que siempre jalan para su saco”, aseguró.

“La competencia es el mejor aliado del consumidor, queremos mercados abiertos y competitivos, que la gente compita por el favor del consumidor, esa es la manera, ese es el camino”, agregó.

Aunque la población ve con agrado la noticia, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses asegura sentirse preocupada con el anuncia y le pide al presidente Chaves “un debido y concienzudo análisis sobre las implicaciones socioeconómicas, en zonas rurales, que tendrá la variación abrupta de las condiciones y características que han imperado en la actividad arrocera costarricense desde hace más de 20 años”.

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