EscucharLa Ley de Tránsito tuvo un cambio histórico en cuanto al control y las sanciones por cometer actos muy delicados y es importante que los conductores lo tengan claro.
Entró a regir un cambio que endurece los controles para detectar el uso del alcohol y las drogas por parte de los choferes.
El nuevo texto hace cambios tanto en la Ley de Tránsito como en el Código Penal, con el objetivo de mejorar la detección y sanción de conductores que manejen borrachos o bajo los efectos de las drogas ilícitas.
La modificación incorpora la sanción administrativa y penal por conducir bajo el efecto a las drogas ilícitas. Para estos casos, la norma autoriza la aplicación de pruebas de saliva, las cuales tendrán carácter indiciario y deberán ser confirmadas mediante análisis de sangre en el Laboratorio de Toxicología del OIJ.
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Una multa alta
La ley sanciona con la multa categoría A, es decir, el pago de ¢280.000 a quienes conduzcan con alcohol por encima de los límites permitidos o bajo los efectos de drogas ilícitas. Además, sanciona con esa misma multa a quienes se nieguen a someterse a las pruebas.
A nivel penal, la reforma agrava las consecuencias cuando la conducción bajo alcohol o drogas cause en lesiones u homicidios culposos, estableciendo penas de prisión más altas y periodos de inhabilitación de la licencia más extensos, sobre todo en casos de reincidencia.
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Con la nueva ley, la conducción temeraria abarcará los casos en que se maneje bajo los efectos de drogas ilícitas o sus metabolitos psicoactivos, conducta que será sancionada con penas de prisión de uno a tres años.
El cambio también declara de interés público los controles policiales en carretera y ordena al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) priorizar la compra, mantenimiento y calibración de alcohosensores y dispositivos para detección de drogas, bajo estándares metrológicos internacionales.
Las nuevas normas no entran en vigencia de inmediato. El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) disponen de 12 meses para emitir el reglamento y actualizar los protocolos técnicos, plazo tras el cual la ley comenzará a regir plenamente.
