Con amargura y dolor, les contamos que Costa Rica vive en medio de una epidemia de abusos sexuales a menores de edad.

¿Por qué decimos esto? Solo en el último año, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) les ha dado trámite judicial a 1.558 casos, o sea, estamos hablando que entre 2022 y 2023 se denunciaron en promedio cuatro abusos sexuales diarios.

Ese dato tan duro le arruga el corazón a cualquiera y obliga a las instituciones nacionales involucradas a meterle mano de inmediato a un tema que nos está ganando la batalla y por goleada.

“La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gloriana López Fuscaldo, ordenó a los 10 directores regionales que, en conjunto con los coordinadores y equipos psicosociolegales de las oficinas locales, redoblen esfuerzos en la atención rápida de situaciones, con denuncias de presunto abuso sexual, violación o relaciones impropias, con el fin de resguardar e impedir cualquier vulneración de los derechos de los menores de edad involucrados.

“Entre el 8 de mayo del 2022 y el 25 de abril del 2023, el PANI registra 1.558 expedientes por violencia sexual contra niños y adolescentes, y en los 1.558 casos están interpuestas denuncias en el Poder Judicial”, nos explica el PANI en un crudo documento que nos hizo llegar.

¿Qué es una epidemia? “Enfermedad que se propaga durante algún tiempo en una zona y afecta simultáneamente a gran número de personas”. También puede definirse como “mal o daño que se expande de forma intensa e indiscriminada”.

Esas son las dos explicaciones que da la Real Academia Española sobre lo que es una epidemia. Ambas se ajustan perfectamente a lo que vive nuestro país en este tema.

No se escapa ninguna provincia del país de esta problemática. Alajuela, por ejemplo, registra 359 denuncias en el último año y a uno se le para la peluca cuando identifica que solo en el cantón de Grecia hay 186 de esas 359 denuncias alajuelenses.

En la región Brunca, la cual es conformada por los cantones de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus, se tiene a Pérez Zeledón como el cantón con más denuncias, con 117.

Para la región Huetar Norte, al norte del país, el cantón de San Carlos registra 37 casos. En Cartago hay 94, 35 de ellas en Turrialba. En el caso de San José, se suman las de la zona central (37 en total) con las de San José Sur, que son 335. Solo Alajuelita tiene 93 denuncias y Aserrí 88.

Bien ubicados

Le consultamos al Colegio de Profesionales en Sicología (CPS) sobre esta epidemia y explicaron que estos datos del PANI sirven muchísimo para tener ubicadas las zonas en donde más se están dando los abusos sexuales en el país.

“Con base a las estadísticas brindadas por el PANI, donde se registran 1.558 expedientes por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, se puede observar que las regiones que puntúan más alto son Alajuela, San José Sur y Brunca, lo que nos permite tener claridad de las zonas donde se tiene que accionar con prioridad.

“De estos 1558 expedientes se realizaron denuncias, por lo que es necesario se revise el tiempo de duración para que se concrete la denuncia y que se den las acciones legales correspondientes”, explica Marianella Monge, coordinadora del Centro de Apoyo Psicológico del CPS.

Trabajo por etapas

La coordinadora del Centro de Apoyo reconoce que “es fundamental que el tema preventivo se trabaje a nivel nacional, pero para que sea un proyecto adecuado lo ideal es hacerlo por etapas y que en cada una de ellas se vayan haciendo evaluaciones objetivas de las acciones realizadas, verificando que se estén cumpliendo los objetivos planteados al inicio del proyecto.

“No podemos dejar de lado los actores principales en estos procesos y la comunidad es fundamental, la psicoeducación se puede trabajar de distintas maneras sumando escuelas y colegios, instituciones importantes de la región, asociaciones comunales, cualquier grupo formado con objetivos claros. La única manera de lograr cambios es trabajando articuladamente para lograr mayor alcance”, añadió Monge.

Hay que recordar, además, el año pasado, cuando la actual ministra de Educación, Anna Katharina Müller, lanzó una frase durísima, al asegurar que “estaba cansada” de estar firmando procesos contra educadores denunciados por acoso o abuso sexual contra estudiantes menores de edad. El año pasado superó los 182 de estos casos. Estos es solo parte del gran problema.

El Ministerio de Educación ha lanzado varias campañas preventivas, informativas y educativas sobre las relaciones impropias y el abuso sexual contra estudiantes. En una de esas campañas se unió el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), logrando publicarse un documento preventivo titulado: “Relaciones impropias: cuando la edad sí importa”.

María Ester Flores, sicóloga especializada en familia, con dolor reconoce que la epidemia de abusos sexuales en nuestro país es un cáncer que afecta a muchos países del mundo. Le duele que tanto aquí como en otras regiones, el abuso sexual de todos los tipos se ha legitimado, o sea, para muchos es algo normal.

“Veo que ahora la gente está denunciando más, gracias a las campañas de educación y al trabajo que se ha dado en centros educativos, el cual llega hasta los hogares. Ahora bien, qué pasará con esas denuncias, porque si no se llega a nada con ellas, hay un doble abuso y una doble legitimización de esos abusos”, asegura la sicóloga.

Sirve de alerta

Una buena alerta para nosotros los ticos es una pequeña encuesta realizada por la Fundación Mission Activation Charity en el cantón de Carrillo, en Guanacaste, la cual determinó que del total de personas adultas consultadas, un 66% respondió “no sabían qué son relaciones impropias”, desconocimiento que representa una grave barrera para luchar contra ese flagelo.

Sin embargo, cuando los entrevistados fueron consultados si conocen a menores de edad (niñas, niños y adolescentes) que han estado en riesgo de ser abusados sexualmente, o ya lo fueron, el 32%, aproximadamente 48 personas de 150 encuestadas, respondieron que conocen de casos de este tipo de delitos en sus familias y comunidades.

La consulta se llevó a cabo durante un taller desarrollado junto con el Instituto Nacional de Aprendizaje el 21 de marzo, en el Centro Comunitario de Misión en Acción, ubicado en la comunidad de Sardinal de Carrillo.

De acuerdo con la doctora Mauren Navarro Castillo, directora de Programas Comunitarios de la Fundación, entre los comentarios más repetidos de los consultados están: “Sabían de algunas personas docentes que comentaban de los casos en sus escuelas, pero que ese asunto no era algo que les correspondía”, “que no se iban a echar esa carga encima” y “el Patronato Nacional de la Infancia PANI no sirve para nada”.

“Estos datos que arroja el estudio son muy reveladores porque nos indican que debemos hacer un esfuerzo muy grande para que la gente tenga claridad absoluta de qué es una relación impropia, cómo se tipifica, cuáles son las sanciones penales que caben contra esa conducta delictiva y también cuáles son las instancias pertinentes para interponer una denuncia”, afirmó Navarro Castillo.

¿Qué es una relación impropia?

Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder entre un adulto y un menor de edad. Desde el punto de vista de los derechos humanos, resultan inconvenientes o dañinas para los menores de edad. En muchos casos, pueden llegar a ser una forma oculta o legitimada de violencia.

¿Cuándo hay una relación impropia?

Cuando el menor de edad es mayor de 13 años y menor de 15 y el adulto es al menos 5 años mayor.

Cuando el menor de edad es mayor de 15 años y menor de 18 y el adulto es al menos 7 años mayor.

El adulto es tío, tía, hermana o hermano, primo o prima, tutor o responsable del menor de edad.

El adulto se encuentra en una posición de confianza o autoridad con respecto al adolescente. Por ejemplo, es una consejera, doctora, entrenadora, docente.

Fuente: Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)

En una relación impropia nunca hay una relación de pareja, porque las relaciones de pareja implican igualdad, cosa que no ocurre por la diferencia de edades.

Cuando se da una relación impropia, el período de crecimiento y desarrollo se violenta, porque se fuerza al menor de edad a vivir procesos para los que no está preparada y que podrían ser una amenaza a su integridad e inclusive su vida.

Consecuencias de las relaciones impropias:

• Abandonar o retrasar los estudios.
• Sometimiento emocional y económico a los deseos de la persona mayor de edad.
• Daño en la autoestima. Pueden surgir sentimientos de inseguridad, tristeza, impotencia y miedo.
• Aislamiento o renuncia a las relaciones con sus amigos y amigas.
• Infecciones de transmisión sexual.
• Embarazo, con todas las implicaciones del período de gestación y de la maternidad.

Fuente: Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)

Cárcel para las relaciones impropias

La ley sanciona con cárcel a quien tenga relaciones sexuales con mayores de 13 años y menores de 18 años.

Si la persona es menor de 13 años, este tipo de relaciones constituyen el delito de violación.

Si el adulto tiene relaciones sexuales con un mayor de 13 años y menor de 15 años, va a ser sancionado con una pena de 3 a 6 años de cárcel.

Si el adulto tiene relaciones sexuales con un mayor de 15 años y menor de 18, y le lleva 7 años o más de diferencia, se le sanciona con una pena de dos a tres años de cárcel.

Si el adulto, además es familiar o una persona de confianza o bien, tiene alguna autoridad sobre la persona adolescente y mantiene relaciones sexuales con ella (independientemente de la edad de la persona adolescente) la pena va de cuatro a diez años de cárcel.

Fuente: Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)

Prohibido el matrimonio

La Ley establece que la edad mínima para casarse es de 18 años, elimina así la posibilidad de que menores de edad contraigan matrimonio y las protege de relaciones abusivas que les pueden traer daños a su proceso de desarrollo físico, emocional e intelectual, así como también limitar su autonomía y sus oportunidades futuras.