Magistrados rechazaron recurso de amparo de empleados judiciales contra la vacunación obligatoria

Dos trabajadores del Poder Judicial interpusieron un recurso de amparo contra la vacunación obligatoria contra el covid-19, pero los magistrados lo rechazaron el pasado 7 de enero.

Aunque la resolución se dio hace días, hasta esta semana se dio a conocer.

El reclamo fue interpuesto el 21 de noviembre del 2021, luego de que el 21 de octubre de ese mismo año, el Consejo Superior del Poder Judicial declaró la obligatoriedad de la aplicación del medicamento para todos los funcionarios de la institución.

En el documento, los trabajadores dijeron lo siguiente sobre la vacunación obligatoria: “Atenta de forma flagrante su derecho a la dignidad, libertad y de consentimiento libre e informado, pues no desean recibir la vacuna contra el covid-19 sin que se garanticen los citados derechos fundamentales”.

Los magistrados analizaron el documento y llamaron a declarar a Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior, así como a Daniel Salas, ministro de Salud, y a Roberto Arroba Tijerino, coordinador de Inmunizaciones y secretario técnico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.

Cruz explicó que la medida pretende proteger la salud de los trabajadores judiciales y de quienes los rodean, mientras que Salas y Arroba dejaron muy en claro los beneficios que da la vacuna, la cual ayuda a que quienes se contagian del virus no enfermen gravemente y a reducir la carga viral. Otro de los puntos que defendieron los especialistas es que el medicamento es seguro y no está en fase experimental como dijeron quienes interpusieron el amparo.

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Los magistrados tomaron en cuenta también la Ley Nacional de Vacunación, la cual dice: “Son obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que se crea en esta ley, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social”.

Los magistrados acordaron, por mayoría, que la vacunación obligatoria busca el bien de la sociedad y por eso declararon sin lugar el recurso.