Este domingo 10 de agosto se cumplieron dos semanas de la dolorosa tragedia en la que un incendio cobró la vida de Marilyn Chacón Mora, de 33 años, y sus tres hijos: Kendall, de 11 años; Keylor de 6, y Kristtel de 3.
El triste hecho ocurrió en una cuartería, en San Juan de Dios de Desamparados.
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Los cuatro perdieron la vida mientras trataban de escapar del fuego. Los vecinos los escucharon gritar, pero no hubo nada que se pudiera hacer; sus cuerpos fueron hallados juntos en el tercer piso de la humilde estructura.
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Dos días después de la tragedia en La Teja solicitamos una entrevista a la Municipalidad de Desamparados sobre el tema de las cuarterías. Queríamos saber si tienen el número estimado de cuantas estructuras de ese tipo hay en el cantón y si se cuenta con la legislación suficiente para actuar y evitar más tragedias de este tipo, pero fue hasta este viernes 8 de agosto que nos respondieron de forma corta.
“La Municipalidad no ha autorizado este tipo de establecimientos, conocidos como cuarterías, los cuales, en la mayoría de los casos, operan al margen de la normativa urbanística y en condiciones de alta vulnerabilidad, hacinamiento y riesgo para quienes los habitan.
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“En el marco de nuestras competencias, hemos solicitado a las instituciones correspondientes la ejecución de diversas acciones. Las limitaciones legales actuales tienen como objetivo garantizar el respeto al derecho de propiedad, la inviolabilidad del domicilio y el principio de proporcionalidad, tal como lo establece nuestra Constitución y ha reiterado la Sala Constitucional. Estas limitaciones, a su vez, restringen las posibilidades de aplicar sanciones de forma inmediata o efectiva”, informó la municipalidad.
Hay un vacío legal
Marcelo Solano, jefe de la Policía Municipal de San José, uno de los cantones donde hay más cuarterías, también siente que hace falta legislación al respeto.
Él explicó que la legislación no permite que la policía ingrese a una vivienda, ya sea una lujosa en el prestigioso condominio Monterán, o una cuartería humilde del centro de San José, si no es con una orden de allanamiento, aunque sea evidente que en ese lugar se cometen delitos como la venta de drogas. Las autoridades solo pueden ingresar a los lugares comunes, como pasillos.
La diputada liberacionista dijo que están revisando el tema de la legislación vigente para ver qué se puede hacer al respecto, con el fin de evitar tragedias como la que acabó con la vida de la familia.