Nogui Acosta confirma lo que muchos temían: eventual gobierno quiere eliminar garantías individuales

Nogui Acosta, candidato a diputado por el primer lugar de San José con el Partido Pueblo Soberano (PPSO), encendió el debate este viernes durante el cara a cara electoral de Repretel, cuando respondió “sí” a una pregunta directa sobre si estaría de acuerdo en suspender los derechos y garantías individuales. La consulta fue planteada por los periodistas Randall Rivera y Fede Cruz, y su respuesta no pasó desapercibida.

LEA MÁS: (Video) Diputada perdió la dulzura del carácter y en plena comisión le dijo de todo a Nogui Acosta

Pero, ¿qué significa suspender las garantías individuales?

Rivera hizo un breve repaso y detalló que entre ellas están suspender el derecho al libre tránsito, o sea, que las personas salgan a la calle libremente (no, no es igual a lo que se aplicó en la pandemia del covd-19, ahí lo único que se prohibió usar era el carro); la inviolabilidad del domicilio y de cualquier otro recinto, o sea, que la Policía pueda irrumpir en su casa o negocio sin una orden de allanamiento firmada por un juez.

El derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, o sea, que el Estado puede oír sus conversaciones privadas; el derecho a reunirse pacíficamente sin armas, o sea, lo podrían detener solo por estar con un grupo de amigos o familiares y que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley, o sea, que lo podrían detener por dar una opinión (ver ejemplo más abajo de una mamá que cuenta lo que le pasó a su hijo doctor, precisamente por eso).

“El artículo 29, que establece que todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin censura previa; el artículo 30, sobre el libre acceso a los departamentos administrativos con el propósito de obtener información sobre asuntos de interés público; y el artículo 37, que señala que nadie puede ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito ni sin mandato escrito de un juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se trata de un reo prófugo o delincuente en flagrancia”, dijo Randall, al comentar que esos son los derechos que se podrían perder si se eliminan las garantías individuales.

LEA MÁS: Ministro Nogui Acosta se defiende ante fuertes acusaciones de diputados del PLN

Villalta cuestiona postura de Nogui

Ante toda la explicación, el candidato José María Villalta, del partido Frente Amplio, expresó en televisión nacional que Nogui estaba mintiendo, ya que suspender los derechos y las garantías castiga a la gente buena.

“No es para perseguir el narco, porque lo que hace es limitar la libertad de movimiento y la libertad de expresión de todas las personas en una región, incluyendo a las que no han cometido ningún delito, y eso es muy peligroso para nuestra democracia”, detalló Villalta y Acosta, lejos de refutar, justificó su postura diciendo que el país necesitaba medidas extraordinarias.

El caso de un tico detenido en Nicaragua

El caso del joven médico costarricense Yerri Estrada es un ejemplo claro de lo que implica suspender derechos y garantías individuales.

Estrada fue detenido el 13 de agosto de 2025 por el régimen nicaragüense y estuvo detenido dos meses sin que su madre, Rosa Ruiz, haya podido verlo ni escuchar su voz.

“No sé si está vivo o muerto”, aseguró Rosa, en octubre a La Teja y denunció que no se le permitían tener contacto directo con él ni llevarle alimentación.

Aunque las autoridades divulgaron imágenes en las que aparentaba estar bien, la familia sostenía que el joven estaría siendo torturado y que incluso le habrían puesto maquillaje para que luciera diferente ante las cámaras.

A mediados de noviembre del 2025, el régimen de Nicaragua mandó a Yerri a casa por cárcel, según público El Confidencial de Nicaragua.

Según su mamá, Yerri participó en las protestas de 2018 contra reformas que afectaban a jubilados y pensionados. En ese contexto, él y otros estudiantes de Medicina se organizaron para atender a manifestantes heridos. Con el paso de los meses comenzaron los arrestos de universitarios y se emitió una orden de captura en su contra. Para justificar su detención, lo acusaron de presunta pornografía infantil, terrorismo y traición a la patria, señalamientos que la familia rechaza.

Doña Rosa también denunció acción policial constante, con hasta 100 oficiales armados rodeando su casa. En 2022 tuvo que salir de Nicaragua por miedo, mientras Yerri se quedó cuidando a su abuelita (QEPD).

Antes de su arresto, debía reportar sus movimientos a la policía y someterse a controles frecuentes. Incluso fue sacado de su universidad para ser interrogado durante una hora.

El 13 de agosto, finalmente, fue detenido en el Hospital Amistad Japón Nicaragua, en Granada, donde realizaba su internado sin salario. Desde entonces, su familia vive bajo amenaza: su hermana y su hermano menor (14 años) tendrían orden de arresto.

Su madre pide ayuda internacional y la intervención del Gobierno de Costa Rica para lograr su liberación. Asegura que su hijo es inocente, que es costarricense y que lo único que hizo fue ejercer su derecho a manifestarse y apoyar causas sociales.