EscucharLa Defensoría de los Habitantes reveló que son más de 600 familias las que viven una profunda angustia, porque tienen un integrante en situación grave de salud y desde hace seis meses dejaron de recibir ingresos económicos.
Se trata de las familias de pacientes que vieron suspendidas las licencias de personas cuidadoras de pacientes en fase terminal, de personas menores de edad gravemente enfermas, y de otras situaciones excepcionales.
“En las últimas semanas, la Defensoría ha recibido testimonios de personas cuidadoras angustiadas porque no están disponiendo de recursos económicos para afrontar situaciones de alta vulnerabilidad y complejidad que aquejan a sus núcleos familiares. La imposibilidad de adquirir alimentos, implementos médicos, medicamentos y artículos básicos de higiene refleja una situación apremiante para estas familias y demanda acciones urgentes por parte del Estado.
“En la actualidad, más de 600 familias carecen del apoyo económico que necesitan para atender a sus seres queridos: niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad que dependen diariamente de estos cuidados. En este sentido, la Defensoría hizo un llamado al señor presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que incluya en la agenda de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que busca brindar una solución estructural y permanente al financiamiento de las licencias de cuido, garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa en el tiempo”, informó la Defensoría.
Proyecto de ley solucionaría el problema
Y es que en el Congreso se tramita un proyecto de ley que pondría fin al problema, porque permitiría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sacar recursos de su prepuesto para destinarlo a las licencias, ya que la plata que era para eso ya se acabó. Sin la aprobación de dicho proyecto de ley, la Caja no puede pagar las licencias.
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Pese a la urgencia del tema, el presidente Chaves decidió no convocar la iniciativa del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, el cual ya hasta fue aprobado en primer debate; es decir, solo le falta la votación en segundo debate para ser ratificada.
Desde el 1.° de noviembre, el Poder Ejecutivo asumió el control de la agenda legislativa, por lo que es el Gobierno el que decide cuáles proyectos de ley se tramitan y aprueban y cuáles no.
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El lunes 3 de noviembre, el presidente Chaves dijo a manifestantes que llegaron a Casa Presidencial, solicitando la convocatoria del proyecto, que no era necesario aprobar la ley para pagar las licencias atrasadas.
“Los recursos para que puedan seguir cuidando a las personas en condiciones terminales los aprobó la Asamblea Legislativa con el tercer presupuesto extraordinario del 2025. Lo que ocupamos es que la Caja presente esa autorización de gasto y de ahí va a la Contraloría para que apruebe la modificación presupuestaria de la Caja”, dijo Chaves.
“Eso le toca a Marta Acosta, que tiene 20 días para autorizar el presupuesto y que empecemos a hacer los pagos”, añadió.
Sin embargo, Kattia Arroyo, abogada experta en derecho administrativo, afirmó que, actualmente, el dinero de las licencias es de un 0,5% que se toma del FODESAF, y que cuando este se acaba no hay forma legal de aumentar ese fondo ni de darle más dinero a la Caja para que pague los subsidios, lo que quiere decir que no hay otra opción que aprobar el proyecto de ley para resolver el problema de estas 600 familias.
