EscucharLa presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes 27 de julio seis proyectos de ley en la Asamblea Legislativa relacionados con el tema de seguridad.
La Teja conversó con el abogado penalista Boris Acosta para tener el criterio de un especialista en el tema, y él nos dijo lo que piensa de cada iniciativa.
¿De qué tratan los proyectos de ley?
1- Audiencia previa al juicio: La primera iniciativa pretende fusionar, en los casos judiciales, la audiencia preliminar con la audiencia previa al juicio para agilizar los procesos.
Una vez que se presente la acusación contra el sospechoso y este declare, el tribunal tendrá 48 horas para conceder una audiencia que se celebrará a más tardar en un mes.
“La audiencia preliminar hoy solo sirve como un previo para saber que hay que ir o no a juicio, si el expediente que acusa tiene o no las pruebas suficientes para poderlo hacer... Me parece razonable esta posición, me parece práctica, claro, hay que revisar el fondo del proyecto”, manifestó Boris Acosta.
2- Reforma del artículo 32 de la Constitución Política: Pretende ampliar los delitos por los que los costarricenses sean extraditados para cumplir con la justicia de otros países.
Se propone aplicar la extradición también en casos de legitimación de capitales, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, armas, órganos, tejidos y células humanas. Además, se incluyen el sicariato y homicidios vinculados con el crimen organizado, participación en organizaciones criminales transnacionales y cibercrímenes que comprometan la seguridad nacional o la infraestructura crítica del Estado.
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La iniciativa establece que la extradición procede únicamente mediante resolución firme de los tribunales y exige que la conducta sea considerada delito tanto en Costa Rica como en el otro país.
Acosta ve bien la iniciativa y dice que hará que sean menos los delincuentes que vengan a esconderse a Costa Rica, buscando nacionalizarse para evadir a la justicia en otros países.
El exdiputado Gilberth Jiménez había presentado un proyecto de ley similar en el gobierno anterior, pero no avanzó.
Cambios con el monitoreo electrónico
3- Ley de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal: El proyecto plantea dejar de utilizar medidas como “firmar cada cierto tiempo” y exigir que todas las personas que pasen a un régimen de confianza usen dispositivos de monitoreo electrónico. Esto busca facilitar su ubicación y permitir una rápida respuesta policial.
“Con esta modificación no estoy del todo de acuerdo. El mecanismo de seguimiento electrónico, según la interpretación doctrinaria, dice que básicamente es una forma de estar en la cárcel porque usted está controlado, limitado: simplemente no está físicamente en el aposento de una celda.
“Si nosotros nos ponemos a considerar que hay delitos poco gravosos a los que se les puede aplicar un beneficio que no sea el monitoreo, a esos casos, si se les pone tobillera, entonces seguiríamos manteniendo a la persona bajo una posición quizás de desproporción al aplicar darle una medida tan gravosa como es el control constante de su vida”, manifestó el abogado.
4- Ley de penalización de la explotación minera ilegal: Se incrementan las penas de prisión por la explotación, organización y promoción de actividades mineras ilícitas en el país. También se elevan las penas por extracción o procesamiento sin permiso o concesión, y se aumenta el castigo para quienes financien, promuevan u obtengan beneficios de estas actividades ilegales. Además, permite ordenar el decomiso de maquinaria, equipo, productos minerales, dinero y otros bienes utilizados en la explotación ilegal y eleva la pena por usurpar un bien inmueble privado para explotar recursos.
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Definitivamente, este proyecto urge, así lo considera el abogado, pero llama mucho la atención que una iniciativa similar fue presentada por diputados del Frente Amplio en la administración de Rodrigo Chaves y no se le dio prioridad.
Ojo con los que deben pensión alimentaria
5- Ley de monitoreo electrónico por apremio corporal: Crea un marco legal para permitir el monitoreo electrónico en personas sujetas a apremio corporal por incumplimiento de pensiones alimentarias. La persona obligada podría continuar trabajando para generar recursos y pagar sus obligaciones.
Se excluye de este beneficio a personas vinculadas a la delincuencia organizada, delitos sexuales contra menores, narcotráfico, legitimación de capitales, antecedentes de violencia doméstica o violencia contra las mujeres, así como a quienes presenten riesgo de evasión o no tengan un domicilio fijo.
Si se deja de pagar la pensión por más de un mes o altera el dispositivo, el juez podrá revocar el beneficio.
“Si bien es cierto que el interés superior es el del menor, las personas que tienen la obligación alimentaria y tengan la imposición del monitoreo, dependiendo del trabajo que tengan, podría malinterpretarse como un monitoreo por otras razones y considerar a la persona peligrosa e incluso costarle el empleo”, explicó Acosta.
6- Proyecto rangos policiales: Sustituye los grados policiales actuales por una nomenclatura tradicional e histórica en Costa Rica, con el fin de establecer estructuras de mando sólidas que fortalezcan la disciplina, la autoridad institucional y el sentido de pertenencia.
Sobre este tema, el abogado dijo que es más que todo un tema de impresión social y que el proyecto no tendría mayor efecto en la seguridad del país.
El abogado hizo el análisis a partir de la presentación de Fernández, ya que hasta este lunes fueron presentados los textos en el Congreso.
