Las diputadas de la Comisión de la Mujer aprobaron un texto sustitutivo que hace un fuerte cambio a un proyecto que se discute en el Congreso y que ayudaría a las mujeres que sufren una agresión sexual, justamente en los momentos de más vulnerabililidad.
Actualmente, según el protocolo de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para esos casos, sí se suministra el anticonceptivo de emergencia.
Las legisladoras integrantes de la Comisión que pertenecen a los partidos Pueblo Soberano y Liberación Nacional aprobaron un cambio controversial en la iniciativa que busca garantizar la coordinación institucional en la atención integral a las víctimas de violación sexual durante las primeras 72 horas.
Con seis votos a favor y uno en contra, se aprobó un texto sustitutivo que elimina la anticoncepción de emergencia por medio de una pastilla de los servicios básicos que recibirían las víctimas luego de un ataque sexual.
Antes de este fuerte cambio, el plan recomendaba usar este método para prevenir un embarazo (como se aplica actualmente), idealmente en los primeros cinco días después de la dolorosa situación, y con el consentimiento de la víctima.
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El motivo detrás de la delicada decisión
La presidenta de la comisión, la diputada oficialista Kattia Calvo Cruz, fue la encargada de dar las explicaciones.
Ella señaló que tienen dudas sobre los efectos del medicamento y que, por las convicciones de su fracción de proteger la vida desde la concepción, les preocupa que se le suministre la pastilla a una mujer que, sin saberlo, ya estuviera embarazada producto de una relación anterior a la agresión.
A esta postura se sumaron sus compañeras Kattia Mora Montoya y Ana Ruth Esquivel Medrano, quienes explicaron sus convicciones provida y cristianas.
Ellas aclararon que no se oponen al uso de anticonceptivos en general, pero sienten que es obligatorio que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) haga primero una prueba de embarazo para descartar que ya haya un bebé.
Esta modificación también recibió el respaldo de la oficialista Mayuli Ortega y de las liberacionistas Karen Alfaro y Andrea Valverde.
El fuerte reclamo por la ciencia y las mujeres
La única diputada que votó en contra y alzó la voz ante esta decisión fue Vianey Mora Vega, del Frente Amplio.
Para ella, sacar este medicamento del protocolo de atención es quitarle a la víctima una herramienta central y urgente para prevenir un embarazo que sea producto de la violación.
La frenteamplista fue muy directa y defendió que, según los estudios científicos, esta pastilla lo que hace es retrasar o inhibir la ovulación para impedir la fecundación, y no interrumpe un embarazo que ya esté implantado.
Vianey pidió no hacer este doloroso tema preventivo un debate sobre el aborto, recordando que la atención debe ir más allá de lo emocional e incluir esta prevención médica.
¿Qué va a pasar ahora con el proyecto?
A pesar de que la polémica pastilla anticonceptiva quedó fuera en este momento, las diputadas llegaron a un compromiso a futuro.
La legisladora Kattia Calvo aseguró que, cuando el proyecto llegue al plenario para su primer debate, ellas mismas impulsarán que el texto regrese a revisión a la comisión.
El objetivo de ese acuerdo sería volver a meter la anticoncepción de emergencia en el protocolo, pero poniendo como regla innegociable que se haga esa prueba de embarazo previa.
La diputada del Frente Amplio, a pesar de su molestia inicial, se mostró con toda la disposición de ayudar a redactar esa nueva propuesta para buscar un punto de equilibrio legal.
