Las diputadas Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, Priscilla Vindas, del Frente Amplio y la independiente María Marta Padilla, dieron declaraciones este martes sobre el serio problema con el agua que hay en el condominio La Esperanza, en Naranjo.
El sábado pasado, Acueductos y Alcantarillados (AyA), por orden del Gobierno y con la participación de Fuerza Pública, conectaron el servicio de agua a ese proyecto habitacional, pasando por encima de la autonomía de la municipalidad, según dicen las legisladoras.
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Ellas dicen que lo que ordenó Rodrigo Chaves violenta la administración de la municipalidad, y tiene fines electorales.
Con el fin de aclarar este tema, se aprobó una moción para abrir una investigación en la Comisión de Alajuela.
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Las legisladoras aseguran que en ese lugar no vive nadie todavía y que de las 78 familias que están ubicadas en un precario llamado “La Radial”, solo ocho se mudarían a ese condominio, porque fueron las únicas que cumplieron los requisitos, mientras que el gobierno asegura que son 120 las familias beneficiadas.
El Poder Ejecutivo ha dicho que solo faltaba el servicio de agua para la apertura del proyecto, sin embargo, las legisladoras sostienen que en las inspecciones realizadas en marzo anterior por el Ministerio de Salud y Bomberos, se encontraron otras importantes carencias.
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“Encontraron que la construcción aún carecía de señales e iluminación de emergencia, las puertas no contaban con sistemas autocerrantes ni cierra puertas, ni tampoco con certificación de resistencia al fuego”, indicaron.
Además, hay cosas que no concuerdan entre los planos y la construcción, así como faltante de conexión eléctrica. Eso sí, dijeron que a inicios de esta semana se conectó la electricidad.
Basándose en todo esto, las diputadas exigieron a las autoridades actualizar esas inspecciones y que se brinde la información completa lo ante posible.
Las congresistas también denunciaron la falta de acción del Banhvi en el caso de otras familias en situación de pobreza y pobreza extrema, que no calificaron para ser beneficiarias del proyecto La Esperanza, y que continuarán habitando en asentamientos informales del cantón.
La Municipalidad de Naranjo denunció lo que calificó como una violación a la autonomía. El Gobierno local alega que la interconexión podría poner en riesgo el suministro para el resto del cantón, pero Acueductos lo niega.