EscucharLos diputados oficialistas patearon una vez más la bola para evitar elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, pero esta vez cruzaron una línea muy peligrosa.
La elección de estos magistrados está pendiente desde el año pasado y urge resolverla lo antes posible porque los derechos de los costarricenses están siendo vulnerados con el atraso de la resolución de recursos de amparo.
La misma Sala IV ya les había ordenado a los diputados que hicieran esta elección de una vez por todas, pero el bloque oficialista logró aprobar una moción para frenar el proceso y devolver la lista a la Comisión de Nombramientos.
Pero esto que pasó en el Congreso es realmente grave. Conversamos con el abogado constitucionalista Rubén Hernández, quien detalló que esta movida podría tener consecuencias delicadas.
Un desafío nunca antes visto
Para don Rubén, lo que pasó este martes cruza un límite sumamente peligroso, ya que los legisladores están irrespetando de forma directa una sentencia del máximo tribunal del país.
“Es la primera vez que hay ese irrespeto tan evidente (...) Siempre se ha acatado exactamente lo que dice la Sala Constitucional. Es la primera vez que la Asamblea Legislativa no le hace caso”, afirmó Hernández con mucha preocupación.
El experto nos explicó que la Sala Constitucional fue muy clara en este tema. La sentencia decía que la elección de estos magistrados debía hacerse en la “primera sesión ordinaria o extraordinaria” después de recibir la comunicación.
Sin embargo, ya han pasado un montón de sesiones y los diputados siguen dándole largas al asunto.
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“Se exponen a que les abran una causa penal”
Por jugarse este chance, el abogado aclaró que los diputados que votaron a favor de atrasar la elección se acaban de meter en un zapato del que les va a costar salir.
“Se exponen a que les abran inmediatamente una causa por incumplimiento de deberes”, advirtió el constitucionalista.
Pero la cosa no termina ahí. Según Hernández, si se hila delgado, estos legisladores también podrían ser acusados del delito de prevaricato, ya que están “resolviendo contra la ley”.
¿Qué va a pasar ahora?
Rubén cree que es probable que la Sala IV tome medidas más drásticas.
“La Sala lo que va a decir es: ‘Vea, en la próxima sesión tienen que elegir sí o sí. Ya no pueden inventar nada’”, adelantó el experto.
“Estamos ante un precedente muy difícil. Ahora la Sala tiene que actuar con toda su autoridad y, paralelamente, abrirle juicio penal a todos los que votaron en ese sentido”, concluyó Hernández.
La gente sabe que esto es grave
Una reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) deja en claro que la gente sabe muy bien lo peligroso que es desacatar una sentencia de la Sala IV.
En ese estudio se le preguntó a la gente qué tipo de decisiones podría tomar el gobierno de Laura Fernández para que perdiera el apoyo. La primera de las situaciones consultadas corresponde al eventual establecimiento de impuestos a productos de la canasta básica. Eso molestaría mucho a la población.
La segunda situación que tendría un impacto mayoritariamente negativo sobre la opinión del gobierno sería que este decidiera no cumplir ni acatar una resolución de la Sala Constitucional, algo que justamente pasó este martes por parte de los diputados de Laura Fernández.
Ante este escenario, el efecto sobre la opinión varía según el respaldo al gobierno. Entre quienes no apoyan el gobierno, un 88% indica que su opinión empeoraría ante el eventual incumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional, frente a un 59% entre quienes sí lo respaldan.
