Cuando estaba en campaña política, Laura Fernández era enfática con su discurso: “Yo no voy a impulsar más impuestos para Costa Rica; al contrario, yo voy a buscar que Costa Rica siga prosperando”.
Sin embargo, parece que esas palabras se quedaron en la campaña. Una nueva propuesta del Gobierno tiene a muchos preocupados porque toca los bolsillos.
La diputada Abril Gordienko alzó la voz para advertir sobre el proyecto 25.797, el cual fue presentado recientemente en la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Hacienda.
La legisladora denunció que, con esta iniciativa, la presidenta no solo está incumpliendo su gran promesa, sino que empezó atacando a las organizaciones más cercanas al bienestar de nuestras familias.
El plan busca que instituciones vitales comiencen a pagar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) por bienes y servicios que hoy están libres de ese cobro.
¿A quiénes les tocaría meterse la mano al bolsillo? A las juntas de educación, las asociaciones de desarrollo, las ASADAS, los Bomberos y hasta al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al que también le quieren recortar el presupuesto para el 2027.
Menos plata para las necesidades los niños
La legisladora puso un ejemplo muy sencillo para entender el impacto real de este proyecto. Piense, por ejemplo, en la escuela de su comunidad. Si esto se aprueba, la junta de educación va a tener exactamente el mismo presupuesto de siempre, pero ahora deberá gastar una parte en pagar impuestos por todas sus compras.
¿El resultado? Va a quedar menos plata para cubrir las necesidades de los estudiantes, afectando directamente el futuro y la comodidad de los niños.
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La misma historia la viviría la asociación de desarrollo de su cantón. Ese grupo de vecinos que recolecta fondos para mejorar la comunidad, ahora tendría que dejarle parte de esa plata al Gobierno.
Y ni qué decir de las ASADAS, que trabajan para que el agua llegue pura a su casa, o autoridades como Bomberos y el OIJ, que necesitan comprar equipos de urgencia.
Si a ellos los obligan a pagar más impuestos teniendo el mismo presupuesto de siempre, la plata no les va a alcanzar para proteger y atendernos a la gente.
La propuesta hace ruido
Para el economista Leiner Vargas, esta propuesta hace mucho ruido, pero apenas elimina el 1,78% del gasto tributario, lo que representa menos del 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Los grandes rubros de gasto tributario quedan intactos, como las zonas francas, la canasta básica y el régimen cooperativo”, cuestionó Vargas.
Según su análisis, lo que hace el Gobierno es simplemente pasar la plata de un bolsillo a otro del Estado.
Si las instituciones públicas empiezan a pagar IVA y aranceles, el Ministerio de Hacienda recauda más, pero esas mismas instituciones se quedan con menos presupuesto para darnos servicios. El efecto neto es casi nulo.
Leiner también denunció que el texto es incoherente. Por un lado, deroga los incentivos a cosas buenas como el transporte eléctrico, pero, por otro lado, exige que se eximan del pago del IVA las cuotas de los colegios profesionales, los sindicatos y las cámaras empresariales.


