EscucharCuando la gente escucha que el Gobierno presenta nuevos proyectos de ley para mejorar la recaudación de impuestos, la primera reacción es preocuparse.
Resulta que el Poder Ejecutivo llevó al Congreso dos iniciativas con las que pretende ir ordenando la casa con el tema fiscal, pero que ya encendieron las alarmas de los expertos.
La Teja conversó sobre los proyectos con el economista Leiner Vargas de la Universidad Nacional (UNA). Él analizó los textos y explicó las graves deficiencias que encontró en ambos.
El peligro de cobrar doble impuesto
Primero habló del proyecto 25.796, que busca cobrar impuestos a las rentas pasivas de fuente extranjera.
La iniciativa pretende aplicar una tarifa general del 15% a las rentas pasivas obtenidas fuera del país que incluirían los intereses, dividendos, regalías, alquileres, entre otros, recibidos por residentes en Costa Rica desde el exterior.
El tributo se cobraría sobre el ingreso neto percibido en Costa Rica, una vez descontados los gravámenes pagados en otros países.
Según Leiner, esta iniciativa resuelve muy mal el tema de la doble imposición porque el impuesto que personas y empresas ya pagaron afuera se resta de la base y no del monto total a pagar.
“Por ejemplo, un dividendo de $100 de una empresa estadounidense sufre una retención de hasta 30% (...) Aquí se pagaría 15% sobre los $70 restantes”, explicó Vargas.
Esto significa que la carga total de impuestos para un tico llegaría a un doloroso 40%. Lo más triste, advierte el experto, es que esto lo pagarían la clase media formal y las personas asalariadas.
El experto dice que es probable que quienes tienen grandes patrimonios busquen asesorías para llevarse su plata a otros países, usando vehículos opacos y así evitar el cobro.
Además, el proyecto afectaría a los pensionados y rentistas extranjeros que viven aquí, lo que podría provocar una peligrosa fuga de capitales hacia países cercanos.
Contradicciones con la naturaleza
Ese mismo proyecto también busca eliminar los créditos a los bonos temáticos. Vargas asegura que esto contradice por completo la agenda verde del país.
Al quitar este beneficio, se encarece el financiamiento sostenible, justo cuando Costa Rica más necesita recursos para la descarbonización y el cambio climático.
Además, el experto señala que la iniciativa plantea un problema de seguridad jurídica para las emisiones ya colocadas y ni siquiera tiene cálculos claros de cuánta plata se va a recaudar.
“Mucho ruido y muy poca plata”
El segundo proyecto en la mira es el 25.797, enfocado en los famosos beneficios fiscales y el control del gasto tributario.
La propuesta eliminaría beneficios del impuesto al valor agregado (IVA) para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Cuerpo de Bomberos, las Asadas y las juntas de educación, mientras mantendría excepciones para zonas francas, actividades agropecuarias y otros sectores.
Para el economista, esta propuesta hace mucho ruido, pero apenas elimina el 1,78% del gasto tributario, lo que representa menos del 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Los grandes rubros de gasto tributario quedan intactos, como las zonas francas, la canasta básica y el régimen cooperativo”, cuestionó Vargas.
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Según su análisis, lo que hace el Gobierno es simplemente pasar la plata de un bolsillo a otro del Estado.
Si las instituciones públicas empiezan a pagar IVA y aranceles, el Ministerio de Hacienda recauda más, pero esas mismas instituciones se quedan con menos presupuesto para darnos servicios. El efecto neto es casi nulo.
Exenciones para unos, cobros para otros
Leiner también denunció que el texto es incoherente. Por un lado, deroga los incentivos a cosas buenas como el transporte eléctrico, pero, por otro lado, exige que se eximan del pago del IVA las cuotas de los colegios profesionales, los sindicatos y las cámaras empresariales.
Para el especialista, estaríamos a las puertas de aprobar un verdadero “mamotreto de ajuste fiscal”, el cual es confuso y carece de todo sentido común.
Vargas dice que el paso de las iniciativas por la Asamblea Legislativa debería servir para corregir los errores que tienen los proyectos de ley.
