Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminaron este martes, al filo de la medianoche, el proyecto de ley del Presupuesto Nacional de la República para el próximo año.
A las 11:30 p. m. los legisladores tuvieron que suspender la votación de mociones y votar el presupuesto, un enorme plan de gastos por ¢12,4 billones.
Tuvieron que quedarse trabajando hasta esa hora porque había tiempo de dictaminar el presupuesto hasta la media noche.
Al expediente se le presentaron 137 enmiendas de fondo, pero apenas se votaron 26 en cinco sesiones desde el pasado viernes. El resto (111) se dieron por rechazadas una vez que llegó el momento de votar.
Seis diputados del partido oficialista PPSO votaron a favor, mientras que los cinco integrantes de la oposición votaron en contra porque se oponen a muchos recortes sociales.
Una “camisa de fuerza” contra la justicia
Uno de los temas que más preocupa es la disminución de ¢40.000 millones en el presupuesto del Poder Judicial. Las autoridades de Gobierno le recortaron ¢10.500 millones de forma directa y le congelaron ¢29.844 millones. Esto significa que los pusieron contra la pared con normas muy estrictas.
Para poder usar esa plata en salarios operativos o nombrar más de 400 plazas vacantes, tendrán que pedir permisos y entregar informes auditados.
Lo más preocupante es que este congelamiento afecta directamente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público, que son los encargados de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Recorte a las universidades y movimiento de ayudas sociales
La educación tampoco salió bien librada. El oficialismo logró aprobar una moción para quitarle ¢8.048 millones a las universidades públicas, recursos que correspondían a fondos postergados.
Con ello se aprobó la reducción de ¢1.900 millones a cada una de estas instituciones: Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y Universidad Estatal a Distancia (UNED). Además, recorta ¢449 millones a la Universidad Técnica Nacional (UTN).
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Además, los diputados aprobaron mover la suma de ¢250.000 millones de varios programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables.
Le quitaron plata a los CEN-Cinái, a los programas de alimentación del IMAS, al fondo de vivienda (Fosuvi) y a la atención de indigentes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
¿Para qué movieron esa plata? Para tapar el hueco que tienen las pensiones del Régimen No Contributivo de la CCSS. Básicamente, vistieron a un santo desvistiendo a otro.
Por otro lado, se rebajaron ¢4.190 millones del pago de la deuda para pasarlos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Seguridad Pública.
Mientras los legisladores oficialistas aprobaban los recortes dentro de la Asamblea, en las barras y fuera del Congreso, los rectores de las cinco universidades estatales y decenas de manifestantes estuvieron pidiendo al PPSO reconsiderar los rebajos.
¿Quiénes ganaron más platita?
Pero bueno, no todos los ministerios perdieron plata. El de la Presidencia y Hacienda, que están a cargo del expresidente Rodrigo Chaves, tendrán un aumento en sus fondos para el 2027.
También verán un empujoncito los ministerios de Salud, MOPT, Vivienda y Micitt.
El presupuesto de 2027 es por ¢12,4 billones; es decir, trae una reducción de ¢400.000 del aprobado para el 2026 y que se está ejecutando en este momento.
Con el dictamen, ahora el presupuesto pasará al plenario. La discusión comenzará el lunes 2 de noviembre, según lo determina la ley.
