EscucharDespués de dos horas de reunión, la presidenta de la República, Laura Fernández, dio a conocer los acuerdos a los que llegó con los jerarcas del Poder Judicial.
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Orlando Aguirre, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general de la República, y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sostuvieron una reunión con la mandataria y otros jerarcas del Poder Ejecutivo este lunes en Casa Presidencial.
El encuentro inició pasadas las 10 a.m. y dos horas después compartieron los resultados.
Laura Fernández comentó que ambos poderes llegaron a varios acuerdos. Acá los detallamos:
- Adoptar medidas para que la inspección judicial frene a algunos jueces en la ejecución de liberaciones o cambios en las medidas de prisión de las personas que están privadas de libertad.
- Reforzar la prevención y la sanción contra la filtración del crimen organizado en el Poder Judicial, en la política anticorrupción.
- Incorporar las pruebas de polígrafo para las personas funcionarias que están en niveles superiores y que tienen que manejar casos de corrupción.
- La Fiscalía y el OIJ se van a vincular a trabajar con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.
En cuanto al primer acuerdo, Laura Fernández mencionó que se establecerá, por medio de la fiscalía, un canal de comunicación directo que informe en caso de que se modifiquen las medidas de ejecución de la pena.
“Tuvimos algunos acuerdos en el sentido de trabajar conjuntamente en la contención del delito en diversas áreas y el compromiso nuestro tanto a nivel de la Presidencia como el del OIJ y el Ministerio Público por trabajar conjuntamente con las autoridades del gobierno”, dijo Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Esto también discutieron en reunión
Además de los acuerdos, ambos poderes discutieron temas por ejemplo cómo ve el gobierno la labor del Poder Judicial, así como el presupuesto que se ejecuta en el sistema judicial.
“El gobierno asigna un presupuesto mayor de lo que indica la Constitución Política. La Constitución Política dice que al Poder Judicial le tocarían 474.991 millones de colones, pero se les está presupuestando 532.837 millones de colones, es decir, 57.800 millones más de lo que establece la Constitución”, señaló la presidenta.
Asimismo, comentó que en el Poder Judicial hay una subejecución presupuestaria que el año pasado rondó los 63.000 millones de colones.
Orlando Aguirre explicó que parte del presupuesto que no se ejecutó por diferentes razones.
“El Poder Judicial la semana pasada precisamente recibió la comunicación de su eficacia más bien en la ejecución presupuestaria. Alcanzamos muy cerca del 98% de ejecución, lo cual pues nos convierte en uno de los órganos del Estado más eficaces en este aspecto", dijo.
“Lo que pasa es que hay algunas partidas que algunas veces se toman en cuenta para el cálculo de la inejecución y que el Poder Judicial no puede ejecutar. No las pudo ejecutar durante el ejercicio correspondiente porque cuando se pudo disponer de ella, las razones que sean ya era muy tarde”, añadió.
Uno de los proyectos que no pudieron ejecutar es la construcción de un complejo de ciencias forenses en Buenas Aires de Puntarenas por “impugnaciones del cartel”.
“Hemos ido al Ministerio de Justicia para justificar por qué no hemos ejecutado y nos dieron la razón. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires la partida se va a trasladar para el 2027″, comentó Aguirre.
También hablaron de cómo pueden atender más rápido las muertes en vía pública.
Laura Fernández afirmó que hubo anuencia entre ambas partes para instituir un procedimiento más rápido en el levantamiento de los cuerpos por parte de las autoridades judiciales.
Otro tema en el que también hubo anuencia es mejorar los tiempos en que la Policía de Control de Drogas solicita allanamientos al OIJ.
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