EscucharLa exdiputada Rocío Alfaro, quien fue elegida por los sindicatos como su representante en la Junta Directiva de la Caja, lanzó una fuerte advertencia.
Según Alfaro, el Consejo de Gobierno tomó una decisión sin precedentes: negarse a cumplir el plazo que le dio la Sala Constitucional (Sala IV) para juramentarla en su nuevo cargo.
“Alertamos al pueblo de Costa Rica de que el gobierno ha tomado la decisión de romper el orden constitucional de nuestro país”, aseguró la exlegisladora con mucha preocupación.
El fantasma de la pensión a los 70 años
Rocío fue clara y dijo algo que causa mucha preocupación.
“Nos preocupa muchísimo que, además, hay tambores de guerra contra el sistema de pensiones”, advirtió Alfaro de manera directa.
Y es que la Caja estaría analizando un cambio para aumentar la edad para pensionarse hasta los 70 años y reducir significativamente el monto de esa plata.
Alfaro asegura que al Gobierno le estorban las voces críticas y, al no dejarla asumir su puesto, busca tener una junta directiva complaciente y que no defienda a los trabajadores.
¿Negocios con la salud de los ticos?
El asunto no queda ahí. La representante sindical teme que, sin ellos en la mesa, la Caja simplemente no le cobre al Gobierno la millonaria deuda que tiene con la institución.
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También alertó del tremendo peligro de pausar obras de infraestructura urgentes y usar las terribles listas de espera para “hacerle el negocio a unos cuantos mercaderes de la salud”.
“Se ha traspasado la línea, se ha roto el orden constitucional y la ciudadanía tiene que tomar acción en esto”, manifestó.
¿De dónde todo ese problema?
Para entender bien el asunto, hay que recordar que los sindicatos eligieron a Alfaro desde el pasado 9 de junio, asegurando que cumplía con toda la idoneidad.
Sin embargo, el Consejo de Gobierno rechazó su nombramiento, argumentando que por ser educadora y filósofa no tenía competencia económica y que tenía familiares trabajando en la institución.
Los sindicatos no se dejaron; presentaron un recurso de amparo y la Sala IV les dio la razón, anulando el rechazo del Gobierno y ordenando su juramentación, pero el Gobierno incumplió la orden en el plazo señalado por la Sala.
