Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), dio a conocer su plan de gobierno este viernes 17 de octubre y mencionó algo muy delicado que podría afectar a los ciudadanos costarricenses en un eventual gobierno suyo.
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Resulta que ella mencionó que, como parte de la estrategia de seguridad, su gobierno le pediría a la Asamblea Legislativa, en casos estrictamente necesarios, la restricción de levantamiento o suspensión de las garantías individuales, para capturar delincuentes como sicarios o narcotraficantes.
“¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Significa que si la cosa se pone muy fea, que ni Dios lo permita, pero que si la cosa se llega a poner muy fea, con inteligencia policial, detectando los barrios de máxima delincuencia, hacer levantar garantías y hacer operativos para sacar a estos malandros de circulación", dijo.
Ella afirmó que esta medida está prevista en la Constitución Política. Además, aseguró que se implementaría en puntos específicos, es decir, no habría un toque de queda a nivel nacional.
En el capítulo de Derechos y Garantías Individuales de la Constitución Política, se señala que “toda persona es libre” y que la vida humana es “inviolable”. Uno muy importante es la libertad de tránsito.
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También menciona que se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, así como al acceso a las telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicaciones y a la justicia pronta, cumplida y sin denegación.
En este apartado también se indica el derecho a la libertad e inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión sin censura previa, libertad de reunión pacífica, libertad de pensamiento, de palabra y de culto.
Asimismo, señala que nadie puede ser juzgado sin haber sido oído en juicio.
Tema sensible
El politólogo Sergio Araya comentó que este es un tema muy sensible, pues el levantamiento de garantías individuales en un Estado de derecho no es algo sencillo y puede causar problemas.
“Aunque no hable de un toque de queda, evidentemente en un levantamiento de garantías individuales podría, perfectamente, limitarse, restringirse el derecho a la movilización por todo el territorio nacional o el derecho a la libre reunión, por ejemplo, a todos los costarricenses”, explicó.
“No es una decisión que es estrictamente de acción del Ejecutivo. La Constitución dice que el presidente y un ministro, en este caso el de Seguridad, puede levantar esas garantías sin consentimiento de la Asamblea, si esta estuviera en receso. Pero igual, la Asamblea tendría que reunirse rápidamente para refrendar lo actuado por la Presidencia y el Ministerio correspondiente”, añadió.
Araya mencionó que se necesita una mayoría de 38 legisladores a favor para suspender las garantías individuales.
Asimismo, indicó que el riesgo de esta medida es que podría abrirle la puerta a regímenes que imperen por la fuerza.
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