Laura Fernández, presidenta electa de la República, decidió renunciar a un puesto en propiedad que tenía en el ministerio de Planificación desde el 2013, pero que desde años no usaba.
Este lunes 16 de febrero, envió una carta al Ministerio de Planificación (Mideplan) para renunciar formalmente a su plaza en propiedad.
Fernández, quien asumirá el mando del país el próximo 8 de mayo, ocupaba la plaza número 095879 como Profesional del Servicio Civil 2, con un salario base de ¢707.250 mensuales (más pluses).
El “enredo” de las vacaciones
En su carta, Laura explicó un detalle que la tenía preocupada: tiene un montón de días de vacaciones acumulados en esa plaza.
Su idea original era “arrastrar” esas vacaciones a su puesto actual como ministra de la Presidencia e irlas gastando poco a poco para que, cuando renunciara, el Estado no tuviera que pagarle ese dinero en efectivo. Sin embargo, legalmente no se pudo hacer ese movimiento y tuvo que hacerlo diferente.
“Por tal motivo y tras ser nombrada ministra de la Presidencia gestioné ante su autoridad permiso sin goce de salario de la plaza, con el propósito de arrastrar dichos días de vacaciones al nuevo cargo e irlos descontando poco a poco, para que, al momento de la renuncia a mi plaza, el Mideplan no incurra en la erogación por concepto de tales días de vacaciones”, agregó.
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Una carrera de plaza en plaza
La ahora presidenta electa tenía ese puesto en propiedad desde el 2013. Sin embargo, pasó muchos años con permisos sin goce de salario para poder trabajar en otros lados, como:
- Asesora del exdiputado Mario Redondo.
- Funcionaria en la Municipalidad de Cartago.
- Asesora en la Asamblea Legislativa.
- Ministra de Planificación y luego de la Presidencia.
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¿Qué sigue ahora?
Al renunciar a su plaza, Laura Fernández se queda únicamente con su cargo político. Actualmente, la plaza está en proceso de ser liberada para que el Ministerio pueda usarla con otro funcionario.
En los últimos días Fernández había recibido críticas por tener un puesto “guardado” para ella, sobre todo porque el Gobierno ha criticado ese tipo de hechos.

