EscucharLa presidenta Laura Fernández Delgado se echó para atrás en una decisión que había tomado el gobierno con respecto al presupuesto del Poder Judicial, la cual generó mucha polémica y críticas.
La mandataria anunció en cadena nacional que le bajará el tono al millonario recorte que le tenían preparado al Poder Judicial en el presupuesto del 2027. Ya no le van a quitar los ¢27.000 millones que se habían anunciado al principio, sino que la reducción será de ¢11.000 millones.
¿Y de dónde va a salir la diferencia? La mandataria explicó que las propias instituciones del Poder Ejecutivo se van a apretar la faja para asumir esa diferencia de ¢16.000 millones por medio de rebajas internas.
“No tendrán que tirarles piedras a los delincuentes”
Uno de los momentos más tensos del mensaje fue cuando doña Laura se dirigió directamente a las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes andaban muy preocupadas por su futuro.
La presidenta les mandó un filazo y les aseguro que sí tendrán los recursos para comprar armas y chalecos antibalas.
“No tendrán que tirarles piedras a los delincuentes”, afirmó Fernández, respondiendo a las quejas que habían dado públicamente varios jefes policiales sobre la falta de herramientas.
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Además, la mandataria fue tajante y dijo en voz alta: “No voy a ser el chivo expiatorio del Poder Judicial”. Ella rechazó que la culpen por los problemas de inseguridad, recordando que esos recortes ni siquiera han entrado a regir.
Y es que los jerarcas del OIJ, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, expertos en seguridad, diputados opositores y miles de personas que hasta se reunieron para hacer un plantón judicial le han hecho ver a la presidenta que hacer un recorte al presupuesto del Poder Judicial en momentos en que el país vive una crisis de seguridad tan severa no es una buena idea.
La plata no llegará por arte de magia
Pero hay datos importantes a tomar en cuenta: Fernández dejó claro que esos millones no quedarán liberados automáticamente. Para ver la plata, el Poder Judicial tendrá que cumplir tres estrictas condiciones.
Primero, la Asamblea Legislativa deberá revisar con lupa las cuentas auditadas del famoso fideicomiso para infraestructura judicial que tiene con el Banco de Costa Rica.
En segundo lugar, la Contraloría General de la República tendrá que emitir una certificación de que se están cumpliendo las auditorías de esas obras.
Y tercero, los diputados –tanto en comisión como en el plenario– tendrán que dar la autorización final para que el Ministerio de Hacienda suelte el dinero.
Cuestiona millonarios alquileres y exige resultados
La presidenta aprovechó la cadena para hacer cuestionamientos al Poder Judicial.
Puso como ejemplo el edificio que alquila la Sala Constitucional, que pasó de costar $102.000 mensuales en 2017 a $122.000 desde 2024.
Sobre esto, ya la Sala se pronunció y aseguró que no es correcto presentar el cambio del monto como un aumento decidido unilateralmente en 2024.
Además, explicó que en 2020 el Poder Judicial realizó un estudio comparativo de inmuebles con características similares a las de la sede de la Sala Constitucional.
El análisis no justificó un aumento debido a que los edificios utilizados como referencia presentaban valores de alquiler iguales o similares a los que ya se pagaban.
“Posteriormente, en 2023, la empresa arrendadora, Direct Communication S. A., solicitó una nueva revisión del precio y planteó elevar el alquiler mensual a $138.474,26. Sin embargo, el Poder Judicial realizó el análisis técnico correspondiente sobre el valor de mercado y determinó que el monto razonable era de $122.496,89 mensuales, IVA incluido.
“De esta manera, el monto establecido fue $15.977,37 inferior al solicitado por la empresa arrendadora, con fundamento en el estudio técnico efectuado por la Sección de Arquitectura e Ingeniería, que determinó un valor de $27,26 por metro cuadrado, frente a los $30,81 por metro cuadrado que pretendía reconocer la empresa”, explicó la Sala.
La entidad también señaló que la diferencia de montos entre el 2017 y el 2024 corresponde a cambios en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ya que los obligó a empezar a pagar el IVA.
Fernández les exigió a los magistrados que rindieran cuentas y amarró la entrega de la plata a que se vieran verdaderos resultados para bajar la mora judicial, los errores, la corrupción y la dolorosa impunidad que tanto nos afecta.
