EscucharLa diputada Marta Esquivel, de la fracción legislativa Partido Pueblo Soberano, presentó un nuevo proyecto de ley enfocado en la elección del fiscal general.
Su despacho informó que la iniciativa se denomina “Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y el Control Democrático del Ministerio Público”.
Cambio en el modelo de elección
El cambio más significativo que plantea la propuesta es modificar el ente encargado de nombrar al fiscal general. Actualmente, esta responsabilidad recae sobre la Corte Plena; sin embargo, el proyecto propone que el nombramiento sea realizado por la Asamblea Legislativa.
Para ello, se requeriría llevar a cabo un concurso público y obtener el voto favorable de una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los diputados.
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Aspectos clave del proyecto de ley
La propuesta legislativa detalla varios mecanismos para asegurar un control más riguroso sobre la Fiscalía General:
- Proceso de selección: Se instaura la elección mediante un concurso público y por mayoría calificada en el Congreso.
- Idoneidad del cargo: Se aplicarán requisitos más estrictos con el fin de garantizar la independencia y la solvencia moral del jerarca.
- Rendición de cuentas: El fiscal general tendrá la obligación de realizar una comparecencia anual ante la Asamblea Legislativa para detallar su gestión.
- Ética y transparencia: Se establecen reglas claras para prevenir conflictos de interés y evitar la práctica conocida como “puertas giratorias”.
- Sanciones y despido: Se incluyen nuevas causales de destitución relacionadas con faltas a la probidad, la comisión de delitos o un bajo desempeño en sus funciones.
“Al servicio del pueblo”
La legisladora Marta Esquivel defendió la necesidad de implementar estos controles para devolver la credibilidad a la institución.
“Costa Rica necesita una Fiscalía que, además de ser independiente, sea transparente, rinda cuentas y responda al interés público”, señaló Esquivel.
La diputada enfatizó que la finalidad de la iniciativa es afianzar la confianza ciudadana en el Ministerio Público mediante reglas claras y supervisión efectiva, garantizando que “una institución con tanto poder actúe siempre al servicio del pueblo de Costa Rica y no de intereses particulares”.
La propuesta de la diputada oficialista ingresó al Congreso tres meses antes de que venza el nombramiento del actual fiscal general, Carlo Díaz, el cual finaliza el 31 de octubre.
“Una aberración”
El politólogo Gustavo Araya califica el proyecto de ley como una “aberración” porque atenta contra la división de poderes y la independencia judicial.
“Al fiscal no le debe importar si la persona a la que está investigando el Ministerio Público es de un partido o no. Si él fuese nombrado, entonces ahí sí tendría presión. Me parece que lo que está haciendo doña Marta es una aberración; lo que faltaría es que ahora los jueces entonces sean también de partidos políticos y el director del OIJ también, y entonces aquí echamos a perder todo.
“Para el chavismo es un asunto de criterio de oportunidad. Si logra pasar ese proyecto, es un asunto de conveniencia para ellos. Son la fracción que tiene más casos en instancia judicial y su líder político en este momento tiene muchos casos en instancia judicial”, agregó.
El politólogo dijo que, en caso de que llegara a aprobarse un cambio como ese, todos los diputados que tienen causas abiertas en la Fiscalía deberían abstenerse de participar en la elección del nuevo jerarca del Ministerio Público.
Pero para Araya el proyecto nació muerto, ya que siente que atenta contra la democracia y que por eso en algún momento podría quedar varado.
