Marta Esquivel, expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y actual diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), tendrá que enfrentar un juicio por un tema bastante incómodo que ha generado muchas críticas hacia ella.
Durante su paso por la Caja, en el gobierno de Rodrigo Chaves, ella habría recibido salarios más altos de los que le correspondían.
La Contraloría General de la República destapó que Esquivel estuvo recibiendo un salario mensual de ¢7.158.848. Sin embargo, por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018, ningún funcionario público puede ganar más de ¢5.565.000. Había una diferencia de casi un millón y medio por mes.
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El tema de los sobresueldos llegó a un pleito judicial entre la CCSS y Esquivel, y el Tribunal Contencioso Administrativo confirmó que terminaron las audiencias preliminares y ordenó abrir un juicio sobre este delicado tema.
Según confirmó el Poder Judicial, ahora solo falta que asignen la fecha exacta para que los jueces escuchen a los testigos, revisen las pruebas y dicten una sentencia.
¿Cuándo se destapó el pago de los sobresueldos?
Todo este tema de los sobresueldos se destapó en diciembre de 2023, cuando la Contraloría alertó de lo que estaba pasando y ordenó frenar los pagos. También señaló que la Caja debía recuperar la plata pagada de más, incluyendo aguinaldos y cargas sociales. Esquivel ejerció la presidencia de la institución durante poco más de 24 meses, hasta octubre de 2024 (tuvo que dejar el cargo por la investigación en su contra en el caso Barrenador).
Esquivel se ha negado a devolver la plata que le habrían pagado de más y, más bien, el 31 de octubre de 2025 presentó una contrademanda contra la Caja, pidiendo una indemnización de ¢119 millones.
La diputada está exigiendo que le paguen las diferencias salariales que le rebajaron desde marzo de 2024 hasta que dejó la Caja de forma oficial en enero de 2025.
Además, pidió ¢3 millones mensuales por “daño moral objetivo” (por afectar su honor y reputación) y ¢20 millones adicionales por el sufrimiento emocional o “daño moral subjetivo”.
Si al final de este juicio los jueces le dan la razón a la Caja, podrían cobrarle a la diputada todos esos montos que supuestamente ganó de más.
Además, quedaría sin efecto la intención de la legisladora de cobrarle semejante millonada al Estado.
